UCO espera autorización judicial para investigar cuentas del novio de Ayuso
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez Antonio Viejo la autorización para acceder a la información bancaria y empresarial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, desde el pasado 19 de diciembre. Hasta el momento, no han recibido respuesta.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) justifican la demora debido a la elevada carga de trabajo del magistrado, quien asumió el juzgado en octubre tras la jubilación de su predecesora.
Investigación por presunto soborno y comisiones
La investigación se centra en un presunto soborno de González Amador al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, para obtener una comisión de 2 millones de euros en la compra de mascarillas durante la pandemia. Se sospecha que ambos se repartieron dicha comisión.
La anterior jueza del caso, Inmaculada Iglesias, ordenó a la UCO investigar el presunto delito de corrupción en los negocios y la posible ampliación del caso a blanqueo de capitales. La jueza había justificado la intervención de la UCO por la “complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.
Retrasos y prioridades judiciales
La jubilación de la jueza Iglesias y la incorporación del nuevo juez, Antonio Viejo, en octubre, han provocado retrasos en la investigación. La UCO recibió la primera parte de la información del caso a finales de octubre y, tras analizarla, solicitó al juez la autorización para acceder a las cuentas y sociedades de González Amador en diciembre.
Fuentes del TSJM explican que el juez Viejo ha tenido que catalogar las causas una a una y priorizar aquellas con investigados en prisión provisional u otras que afectan directamente la vida de los perjudicados, como grandes estafas o herencias, aunque no tengan relevancia mediática.
A estos motivos se suma la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que incluye una reestructuración del trabajo de los funcionarios, según denuncian los sindicatos.
Juicio pendiente por fraude fiscal
Alberto González Amador se enfrentará a un juicio en 2027 por otra investigación ya concluida. La Fiscalía solicita una pena de 3 años y 9 meses de prisión por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos.
El informe pendiente de la UCO se centra en otros dos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal. Un atestado desfavorable de la UCO podría complicar aún más la situación judicial de González Amador y llevarle a un segundo juicio con una petición de pena de cárcel aún mayor.
Compra de sociedad y posible soborno
La investigación también se centra en la compra por parte de González Amador de una sociedad por medio millón de euros a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Se sospecha que el precio de la sociedad se infló para ocultar un “soborno”.
Una de las líneas de investigación apunta a que Fernando Camino utilizó otro cargo en una empresa gallega llamada Mape para comprar 42 millones de euros en material sanitario a una empresa catalana, sabiendo que esta había acordado pagar una comisión a la pareja de Ayuso por cada venta.
La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de González Amador habría sido la forma de ocultar la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por facilitar la operación de compraventa de material sanitario.
Otra tesis apunta a que ese medio millón de euros podría corresponderse con el “soborno” de González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio anterior a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.
La facturación de González Amador a Quirón aumentó considerablemente tras iniciar su relación con Isabel Díaz Ayuso. El Grupo Quirón es uno de los principales beneficiados de la política de gestión privada de la sanidad pública del Gobierno de Ayuso.
Órdenes precisas a la UCO
La jueza Iglesias especificó a la UCO que investigara el “incremento patrimonial” de González Amador y se centrara en la obtención de la comisión y el resto de sus ingresos.
La jueza también solicitó a la UCO que investigara la compra de la sociedad Círculo de Belleza SL por parte de González Amador y su posible “uso instrumental” para facturar encargos de Quirón y obtener ventajas fiscales de forma irregular.
Además, la jueza solicitó el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa, así como un posible delito de blanqueo de capitales.
