
Ola de Multas por la Zona de Bajas Emisiones Indigna a Conductores en Granada
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Decenas de conductores en Granada están expresando su indignación tras recibir una avalancha de multas por circular en la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin previo aviso. La situación ha generado controversia, con acusaciones hacia el Ayuntamiento por parte de CCOO y el PSOE, quienes denuncian “indefensión” y exigen una moratoria.
Trini, una vecina de Maracena, es una de las afectadas que se niega a pagar, acumulando una deuda que supera los mil euros. Alega falta de información clara por parte del Ayuntamiento, lo que ha provocado errores y sanciones inesperadas.
Multas Retroactivas Generan Malestar
El Ayuntamiento de Granada ha comenzado a notificar las primeras multas correspondientes a infracciones cometidas desde octubre, lo que significa que muchos conductores se enteraron meses después de haber incurrido en infracciones. Esta situación ha provocado un fuerte rechazo, especialmente entre aquellos que utilizan sus vehículos para trabajar o estudiar.
CCOO y el PSOE han solicitado al gobierno local una moratoria para evitar que los ciudadanos deban afrontar estas elevadas sanciones, argumentando que la gestión de la ZBE por parte del Consistorio genera indefensión.
Argumentos y Justificaciones
Mientras el Ayuntamiento, liderado por el PP, defiende que se ha informado adecuadamente a la población, muchos conductores aseguran haberse enterado tardíamente de las restricciones. Algunos incluso no residían en Granada cuando se implementó la ZBE, desconociendo las posibles sanciones.
La normativa estatal obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer Zonas de Bajas Emisiones. En Granada, las multas se han impuesto de forma escalonada desde octubre, lo que ha afectado a quienes desconocían las regulaciones y utilizaron sus vehículos en ese período.
Casos Particulares: Créditos para Pagar Multas
Jorge, un joven que trabaja en Granada desde finales de octubre, estima que debe más de 8.000 euros en multas. Debido a su trabajo, recorre diariamente 180 kilómetros desde Jaén, desconociendo que su vehículo, matriculado en 2004, no cumplía con los requisitos de la ZBE.
La notificación tardía le impidió evitar las infracciones, y ahora se enfrenta a una deuda inasumible. No se plantea recurrir para no perder la reducción del 50% por pronto pago ni incurrir en gastos legales adicionales. Ante la falta de soluciones por parte del Ayuntamiento, considera la posibilidad de solicitar un crédito.
Trini, desempleada, utilizaba su coche para buscar trabajo en Granada, desconociendo que estaba infringiendo la normativa de la ZBE. Al igual que Jorge, no tiene recursos para pagar la sanción. Ambos casos reflejan la difícil situación que enfrentan muchos ciudadanos.
Críticas a la Gestión de la ZBE
CCOO Granada considera que la ZBE ha generado indefensión debido a la falta de información clara, señalización insuficiente, ausencia de aparcamientos disuasorios y carencias en el transporte metropolitano.
Daniel Mesa, secretario general de CCOO, denuncia que la mayoría de los afectados son jóvenes que utilizan coches prestados para ir a trabajar. Critica la señalización poco clara y sugiere que el Ayuntamiento busca aumentar el número de empadronados en la ciudad para obtener más financiación pública.
La portavoz del grupo municipal socialista, Raquel Ruz, también exige una moratoria inmediata y la anulación de las sanciones ya tramitadas, alertando sobre posibles embargos de cuentas a familias que dependen del coche para sus desplazamientos diarios.
La Defensa del Ayuntamiento
El Ayuntamiento rechaza las acusaciones de desprotección y defiende que se informó adecuadamente a la población antes de iniciar el régimen sancionador. Afirma haber realizado una campaña informativa en medios y redes sociales, y haber enviado más de 70.000 notificaciones a vehículos que accedían a la zona restringida.
En cuanto a la señalización, el Consistorio asegura que cumple estrictamente la normativa. Niega cualquier afán recaudatorio y argumenta que la medida responde a un imperativo legal y a objetivos de salud pública, mostrando datos de reducción de emisiones.
El Debate de Fondo
La controversia ha abierto un debate sobre cómo se implementan las políticas de transición ecológica, especialmente en relación con las familias con menos recursos que no pueden permitirse coches nuevos ni tienen alternativas de transporte público adecuadas.
Mientras el Ayuntamiento defiende los beneficios ambientales de la ZBE, muchos conductores enfrentan deudas elevadas y la sensación de haber sido informados demasiado tarde, generando una situación de “arruina” en lugar de disuasión, según Mesa.













