El recorte en la ayuda humanitaria impulsa un nuevo modelo con menos dominio del Norte Global
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La ayuda humanitaria global se enfrenta a una transformación profunda, marcada por un descenso en la financiación pública en un contexto de aumento de conflictos y desastres climáticos. Esta situación, lejos de ser una simple crisis, representa un cambio de era que exige una reevaluación del sistema actual.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé una disminución de entre el 9% y el 17% en la ayuda oficial al desarrollo para 2025, lo que impactará especialmente en regiones como África subsahariana. A esto se suma la decisión de la administración Trump de eliminar la mayoría de los contratos de USAID, uno de los principales donantes a nivel mundial, y recortar miles de millones de dólares en asistencia internacional.
La reducción de fondos se traduce en cierres de agencias, despidos y desafíos para las organizaciones que trabajan directamente en el terreno. ALNAP (Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas y el Rendimiento en Acción Humanitaria) estima que en 2025, ocho agencias de la ONU, ocho grandes organizaciones internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja habrán recortado más de 31.000 puestos.
Este cambio de paradigma plantea una pregunta fundamental: ¿por qué el sistema humanitario está diseñado para que el donante, situado a distancia, tome las decisiones? La retirada de fondos puede acelerar un reequilibrio de poder hacia organizaciones y autoridades locales, impulsando un enfoque más descentralizado y adaptado a las necesidades reales de cada comunidad.
La “localización” como eje central
El concepto de “localización” se sitúa en el centro del enfoque defendido por Plan International España. Virginia Saiz Gómez, directora general de la organización, subraya la importancia de trasladar el control a las comunidades locales. Según Saiz, el trabajo de Plan International en el terreno se realiza “100% local” y está en manos de jóvenes, grupos de mujeres y autoridades locales.
Este cambio implica una transferencia gradual de decisiones, reconociendo que una parte considerable de la financiación sigue proviniendo del Norte Global. Se busca un modelo en el que las prioridades no estén dictadas por los intereses de los donantes, sino por las necesidades de las comunidades afectadas.
Prioridades más allá del Norte o Sur Global
El problema principal del sistema actual no es la procedencia de la financiación, sino las condiciones que impone. Los donantes suelen ser “muy estrictos y poco flexibles”, lo que dificulta la rendición de cuentas y limita la capacidad de tomar decisiones locales. Es necesario movilizar a donantes bilaterales y privados, flexibilizar las reglas y aceptar que el control total desde un despacho es incompatible con la toma de decisiones realmente locales.
Amalia Alarcón, gerente regional de Programas para América Latina y el Caribe en Plan International, señala que muchas organizaciones terminan adaptando su agenda a lo que es financiable, en lugar de centrarse en las necesidades reales de las comunidades. “La escucha suele darse desde la entidad que necesita dinero hacia quien lo da, y no al revés”, afirma.
Acercar las decisiones al terreno tiene varias ventajas: reduce el número de intermediarios, aumenta la cercanía con las personas afectadas y mejora la legitimidad de los proyectos. “Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación”, explica Saiz.
La localización no solo debe implicar la transferencia de responsabilidad, sino también de recursos y autonomía. En muchos casos, los socios locales ya cuentan con las metodologías y auditorías necesarias. Las “evaluaciones mutuas” a menudo son asimétricas, con la entidad internacional actuando como “el donante social”.
El poder también reside en las entidades internacionales
El cambio no solo implica una transformación Norte-Sur, sino también tensiones internas dentro de las propias organizaciones. Alarcón destaca que en las grandes organizaciones existen relaciones de poder entre las oficinas de un país y las sedes regionales y globales. “El cambio es lento porque llevar las decisiones cerca del terreno exige tocar presupuestos, recursos humanos y estructuras”, señala.
Plan International ha puesto en práctica este enfoque en Bolivia, donde ha cerrado su oficina como implementador directo para que sean los socios locales quienes lleven a cabo los proyectos. El papel de Plan International se centra ahora en el análisis de la incidencia y la facilitación del acceso, conectando a los actores locales con espacios internacionales.
Si la retirada de USAID implica menos cobertura y prioridades más rígidas, podría provocar el colapso del sistema. Sin embargo, si se acelera una redistribución del poder, se podría abrir una ventana para los países más afectados, con más financiación directa y flexible para actores locales, más cooperación regional y Sur-Sur, menos subcontratación y mayor capacidad de decisión en el lugar donde se viven las crisis.
Saiz resume este cambio como un ajuste de roles, no como un conflicto: “El norte puede aportar recursos y conocimiento, pero debe dominar menos, permitir más y ser más flexible”.
