El Gobierno canario archiva denuncias de policías por acoso y discriminación sin investigar
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El Gobierno de Canarias ha archivado las denuncias presentadas por dos mujeres de la Policía Autonómica, quienes alegaban haber sufrido acoso laboral, discriminación por razón de sexo y otras graves vulneraciones a la ley de igualdad. Lo más llamativo del caso es que las investigaciones internas se cerraron sin siquiera tomar declaración a las víctimas.
Tres agentes de la Policía Canaria denunciaron en diciembre ante la Consejería de Seguridad “graves vulneraciones” a la ley de igualdad de trato dentro del cuerpo. Las denuncias incluían “contactos físicos no consentidos”, denegación sistemática de medidas de conciliación familiar y represalias por parte de mandos superiores.
Denuncias ignoradas y archivos polémicos
Dos de las denunciantes han visto cómo las informaciones reservadas abiertas para investigar sus casos fueron cerradas sin ser citadas a declarar. La tercera agente aún espera una respuesta de la administración desde diciembre.
Las tres solicitudes presentadas el 19 de diciembre pedían medidas cautelares, como el traslado de unidad o la abstención del jefe de la Policía Canaria, Antonio Almenara, de mantener contacto directo con una de ellas. Ninguna de estas peticiones fue atendida.
Las resoluciones de archivo están firmadas por el director general de Seguridad, David del Pino, quien también está inmerso en un protocolo de acoso laboral tras una denuncia presentada por el anterior jefe del cuerpo.
El caso de la agente de Santa Cruz de Tenerife
La primera resolución, fechada el 29 de enero, resuelve el caso de una agente de Santa Cruz de Tenerife que denunció la revocación de su ascenso a oficial mientras estaba de baja médica, lo que consideró una discriminación por razón de enfermedad. Además, relató dos episodios de “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo, describiendo palmadas en la espalda que la desequilibraron y un agarrón durante unas prácticas de tiro.
El director de Seguridad desestimó las acusaciones, justificando el contacto físico como una “costumbre” del comisario y negando que las palmadas fueran lo suficientemente fuertes para causar daño. Respecto al incidente en el campo de tiro, el informe de Asuntos Internos se basó en testimonios de testigos que negaron los hechos, incluyendo el propio jefe y un subcomisario.
La agente solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar su versión, pero la Dirección General de Seguridad argumentó que era “técnicamente imposible recuperar” las imágenes.
Revocación del ascenso justificada por “falta de disponibilidad”
En cuanto a la revocación del ascenso, el director general argumentó que no se debió a la enfermedad de la agente, sino a su “falta de aptitud (disponibilidad)”. La Consejería de Seguridad defendió que la revocación “no penaliza la enfermedad”, sino que “constata la imposibilidad material” de la agente para desempeñar la tarea.
La resolución también rechazó el argumento de la denunciante de que a otros funcionarios se les había mantenido el puesto estando de baja, señalando que “el principio de igualdad no ampara la reivindicación de mantener un beneficio indebido basándose en que otros pudieron haberlo disfrutado incorrectamente”.
El caso de la agente en comisión de servicios en Gran Canaria
El segundo archivo, dictado el 28 de febrero, corresponde a una agente destinada en Tenerife, pero que ejerce en Gran Canaria en comisión de servicios por conciliación familiar. Entre junio y noviembre de 2025, solicitó en cuatro ocasiones medidas de conciliación y un cambio de unidad, argumentando que el turno de nueve horas en su unidad le impedía atender a sus hijos.
La administración rechazó su petición alegando falta de documentación acreditativa de sus circunstancias familiares, ofreciéndole solo una reducción de jornada con la consiguiente merma económica. Para poder atender a sus hijos, la agente tuvo que solicitar reiterados cambios de turnos a sus compañeros, llegando a dejar a sus hijos “solos y sin la protección debida” en algunas ocasiones.
La jefatura solo estimó parcialmente su última petición de conciliación, asignándole turnos fijos de mañana en la misma unidad, pero denegando su traslado a departamentos más acordes con su formación.
Denuncia de “represalias” y caso de violencia de género
La agente también denunció “un antecedente de represalia” por haber comunicado a un superior jerárquico que había sido testigo de un episodio de violencia de género por parte de otro agente del cuerpo. Según la denunciante, la jefatura le reprochó no haber informado a su superior inmediato.
El agente denunciado por violencia machista admitió los hechos y fue condenado, pero, según la denunciante, sigue prestando servicios en la Policía Canaria, aunque sin arma.
Segundo archivo y desestimación de alegaciones
La respuesta a la denunciante llegó el 28 de febrero, archivando la información reservada y desestimando todas sus alegaciones. El director general de Seguridad argumentó que la jefatura de la Policía Canaria ha facilitado “de forma continua y activa” la conciliación de la vida personal y laboral de la funcionaria, descartando una discriminación por razón de sexo o por responsabilidades familiares.
La administración defendió que la agente prestó servicio en turno de mañana en la mayoría de las ocasiones y que, cuando prestó servicios en turno de tarde, fue porque “no adjuntó la documentación acreditativa de sus circunstancias familiares”.
También negó “cualquier represalia” por “su participación en un procedimiento administrativo en calidad de testigo” en el caso de violencia de género, señalando que “no existen *ab initio* indicios suficientes para deducir responsabilidad disciplinaria por parte de ningún funcionario policial”.
La respuesta de la Consejería de Seguridad
Este periódico envió un cuestionario a la Consejería de Seguridad sobre la denuncia de las tres agentes y las medidas adoptadas a raíz del caso de violencia machista. La respuesta oficial se limitó a señalar que, a raíz de los escritos presentados por dos agentes, se han tramitado dos procedimientos internos.
“Al ser procedimientos internos, desde el Cuerpo ni desde la Dirección General se va a facilitar información sobre los mismos a terceros y menos aún ampliar por esta vía el contenido de las notificaciones ya emitidas”, añadieron.
El caso pendiente de la tercera agente
A pesar de haber presentado su escrito en la misma fecha que las otras dos, una tercera agente de Gran Canaria aún no ha recibido respuesta. Esta funcionaria también denunció la revocación del ascenso y un contacto físico no consentido por parte del jefe del cuerpo, quien, según su versión, le realizó un “masaje” en los hombros sin su consentimiento.
La agente también denunció que se le denegó la prórroga del ascenso a oficial debido a un accidente laboral, argumentando que otros efectivos del cuerpo en situación de baja médica sí habían visto renovados sus destinos temporales, lo que evidenciaba una “aplicación discriminatoria y no justificada de los criterios de revocación”.
La administración no ha comunicado a esta agente ni la apertura de una información reservada, ni la adopción de las medidas cautelares solicitadas, ni la ha citado a declarar.
