POSIBLE PAGO MILLONARIO DE FORESTALIA A EXCARGO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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La Guardia Civil ha destapado una presunta red de corrupción vinculada a proyectos de energías renovables de la empresa Forestalia, que incluye el supuesto pago de 5,2 millones de euros al exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez. El objetivo, según la investigación, era facilitar la aprobación de los proyectos energéticos de la compañía aragonesa.
El Juzgado de Instrucción nº1 de Teruel, encargado de la investigación, ha recibido el informe del Instituto Armado. Está previsto que el viernes se reúnan todas las partes involucradas para discutir las alegaciones y decidir si se suspenden cautelarmente los trabajos en el Clúster del Maestrazgo, un megaparque eólico que se encuentra en el centro de la trama.
El papel del exsubdirector Eugenio Domínguez
Eugenio Domínguez, nombrado en 2017 y que continuó en su cargo con el siguiente gobierno, presuntamente creó una “caja negra” dentro del Ministerio. Según la Guardia Civil, Domínguez desviaba los expedientes de Forestalia a la empresa pública Tragsatec para supervisarlos directamente y al margen de los controles habituales, garantizando así la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental (DIA).
Según el informe, estas gestiones tenían una contraprestación económica. Domínguez y su esposa habrían constituido en julio de 2023 la empresa Estudio de Asesoramiento Dherco, dedicada a la decoración de interiores y con “nula actividad comercial”, para introducir “fondos ilícitos dándoles apariencia de legalidad”.
Préstamo millonario y otras participaciones
La filial de Forestalia, Cemsal, otorgó un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca Investment Renewable, lo que el juez considera un incremento patrimonial directo del matrimonio Domínguez-Heredero. Además, el exfuncionario habría recibido participaciones en otras 15 sociedades de Forestalia titulares de 33 proyectos eólicos en Zaragoza y Teruel, proyectos que él mismo tramitó.
En la trama también estaría involucrado un notario madrileño, Javier L. C., quien formalizaba las operaciones mediante “actas de depósito” en sobres cerrados guardados en una caja fuerte, evitando así que se registraran públicamente. El fundador y dueño de Forestalia, Fernando Samper, presuntamente dirigía la organización a nivel estratégico, manteniendo reuniones semanales con funcionarios clave, tanto en el Ministerio como en el Gobierno de Aragón.
Irregularidades en el Inaga
El informe de la Guardia Civil recoge testimonios de trabajadoras del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) que señalan “situaciones extrañas” en relación con proyectos de Forestalia y “cambios de criterio injustificados” en sus informes, que pasaban de ser negativos a positivos. Se mencionan también “amplios conflictos” entre una técnica del Inaga y su dirección debido a sus informes desfavorables a proyectos de Forestalia, lo que habría llevado a su reemplazo por una persona sin experiencia en energías renovables.
Además, se investiga la posible compra por encima del valor de mercado de la consultora Viadós, fundada por un exconsejero de Medio Ambiente de Aragón, con un sobreprecio pactado de casi 445.000 euros.
Cabe recordar que Forestalia ya fue registrada en diciembre de 2025 en el marco del caso Leire, una investigación sobre contratos y subvenciones fraudulentas vinculadas al entorno del PSOE.
