El Partido Popular Europeo y la ultraderecha unen fuerzas para endurecer las deportaciones de inmigrantes
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El Partido Popular Europeo (PPE) ha sumado sus votos a los de los grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo – Europe of Sovereign Nations (ESN), European Conservatives and Reformists (ECR) y Patriots (PfE) – para impulsar una normativa que las ONG califican como la “más dura jamás planteada” en materia de retornos y expulsiones de inmigrantes, y que, según denuncian, “desmantela garantías fundamentales de derechos humanos”.
Un acuerdo controvertido
Inicialmente, se negociaba una propuesta entre socialdemócratas y liberales, pero el fracaso de estas negociaciones llevó al PPE a presentar un texto alternativo que ha encontrado el respaldo de los grupos de extrema derecha.
Críticas a la medida
La eurodiputada de Los Verdes/ALE y ponente del Reglamento de Retorno, Melissa Camara, ha expresado su preocupación, afirmando que el texto adoptado refleja una “ideología racista y populista” que pondrá en peligro vidas y violará la dignidad de las personas, vulnerando los principios básicos del Estado de Derecho. Camara señala que el PPE ha demostrado, una vez más, que sus posiciones sobre políticas migratorias están alineadas con los grupos de extrema derecha.
Silvia Carta, de la Plataforma para la Cooperación Internacional con Migrantes Indocumentados (PICUM), ha calificado la votación como la consolidación de una “alianza tóxica” entre fuerzas de centroderecha y extrema derecha, resultado de acuerdos en la sombra para eliminar las últimas salvaguardias. Carta advierte que esta medida pone en riesgo a cientos de miles de personas, incluidos niños, permitiendo que los Estados miembros los detengan en toda Europa y separen familias, enviándolas a centros de deportación en países donde nunca han estado.
Puntos clave de la normativa
La normativa abre la puerta a medidas controvertidas, como la posibilidad de que los Estados miembros establezcan centros de deportación fuera de la UE, incluso para familias con niños. También prioriza los retornos forzosos (deportaciones) para personas en situación irregular y amplía el uso y la duración de la detención por motivos migratorios, incluso para niños, de 18 a 24 meses, con la posibilidad de imponer medidas restrictivas de movimiento y control pasados los dos años. Asimismo, exige a los Estados miembros imponer restricciones geográficas a todas las personas en el procedimiento de retorno.
Otras medidas polémicas
La normativa también introduce prohibiciones de entrada de duración indefinida, sanciones económicas o limitación de asistencia financiera y sanciones penales para personas que no cooperen con su deportación. Permite a los Estados declarar situaciones de “emergencia” en las que se ignoren salvaguardias durante la detención, incluso para familias y niños, cuando haya “números excepcionalmente altos” de personas esperando su deportación.
Reacciones políticas
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha celebrado la medida, afirmando que “el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita”.
Por su parte, Sarah Chander, directora de Equinox Initiative for Racial Justice, ha criticado duramente la votación, señalando que “revela el control total de la extrema derecha sobre la política migratoria de la UE”.
