Arranca la primera jornada del juicio contra los padres de los menores que afrontan una pena individual de 25 años y cuatro meses de cárcel. Sus abogados piden la absolución y alegan que “hubo irregularidades” en el registro del domicilio, por lo que plantean una cuestión de nulidad
La pareja que retuvo a sus hijos cuatro años en el ‘chalé de los horrores’ en Oviedo será juzgada la próxima semana
Ni existe “una casa de los horrores”, ni tampoco “estaban retenidos los hijos, porque se trataba de un aislamiento voluntario”. Con esta argumentación, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González Martínez, tratarán de llevar al ánimo del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que el matrimonio formado por el alemán alemán Christian S., de 53 años y la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., nunca tuvieron intención de retener a sus dos hijos gemelos, de 8 años y a su hijo mayor de 10, durante los cuatro años que estuvieron encerrados en un domicilio ubicado en la zona rural de la capital asturiana.
El matrimonio afronta sendas peticiones individuales de la Fiscalía de 25 años y cuatro meses de prisión acusado de los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia por los cuatro años -de 2021 a 2025- que sus tres hijos menores de edad permanecieron ajenos a todo contacto con el mundo exterior, sin escolarizar y viviendo en una casa entre escombros y en condiciones infrahumanas.
De los 25 años de cárcel a la absolución
Frente a esta petición de condena de la acusación pública, los abogados defensores interesan la libre absolución. Javier Guillermo Muñoz defiende a Melissa A.S., mientras que Elena González es la abogada que defiende a Christian S.
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Aunque el juicio comenzaba a las 10.30, ya había periodistas en la sede de la Audiencia Provincial de Asturias desde dos horas antes.
Ambos letrados llegaban juntos a la Audiencia Provincial y antes de traspasar la puerta de entrada a la sede judicial se vieron abordados por un numeroso grupo de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas, tanto de Asturias, como de Galicia, Madrid e incluso de Alemania, de donde procede el matrimonio.
La expectación por conocer la versión de los padres era máxima.
“Los hijos no estaban secuestrados”
Sus primeras palabras fueron para rechazar rotundamente que la pareja tuviera secuestrados estos cuatro años a sus hijos. Christian y Melissa llevan ingresados en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención, el pasado mes de abril, cuando los agentes de la Policía Local de Oviedo liberaron a los tres menores tras una llamada efectuada por una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana. Entre tanto, los tres menores permanecen bajo la custodia de la administración del Principado de Asturias.
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Abogado Javier Guillermo Muñoz Pereira, defensor de Melissa A.S.
“Nuestro pronunciamiento va a ser absolutorio, porque este asunto creemos que debió llevarse por la vía de los servicios sociales, nunca del Derecho penal. No creemos que debe estar en la órbita del Derecho Penal. Esta familia decidió aislarse del mundo por las razones que se verán en el juicio y por los motivos que expresaremos aquí (en referencia a la Audiencia).
Creemos y confiamos realmente en que la Sala va dictar una absolución sin perjuicio de que los Servicios Sociales de Asturias consigan adoptar las medidas necesarias, apoyando a la familia y a los niños”, expresó el abogado Javier Guillermo Muñoz, mientras su compañera Elena González asentía.
“Es una situación muy compleja”
Los abogados traducían sus propias declaraciones del inglés al castellano y viceversa, ante las numerosas interpelaciones que se les hacían desde los medios de comunicación españoles y alemanes.
“¿Por qué razones retuvieron a los niños en casa o mantuvieron a los niños en casa?”, fue la primera pregunta a la que, por razones obvias de que el juicio se celebra hoy y mañana a puerta cerrada por decisión del tribunal siguiendo el criterio de la Fiscalía, no podían responder con la argumentación que expondrán dentro de la Sala en la vista oral.
“Eso es precisamente el objeto de este juicio.
Es una situación muy compleja. No son unas circunstancias tan simples. No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe aquí.
Lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o heterodoxa, lo podríamos llamar, pero desde luego no criminal”, ratifican los abogados defensores.
La denominación del caso responde a la manera en que fue bautizada la operación policial por los propios agentes al entrar en el domicilio.
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La abogada Elena González Martínez, defensora de Christian S.
“No debería ser un juicio penal”
Las defensas sostienen que el Derecho Penal no tiene encuadre en este caso concreto. Opinan que desde un principio se debería haber enfocado de una manera gradual, a través de los servicios sociales, que son los que tendrían que haber intervenido, ni la Policía, ni siquiera la justicia.
“Para eso estamos aquí, para que se determine la absolución”, corroboran casi al unísono, tanto con palabras como con lenguaje gestual.
“¿El daño a los menores?”
Ni Javier Guillermo Muñoz, ni Elena González creen que se haya podido acreditar durante la instrucción el daño que se habría podido producir a los tres menores, de ahí la importancia que se dará a la prueba pericial.
De antemano, los abogados recuerdan que al ser un juicio a puerta cerrada no pueden pronunciarse sobre ninguno de los detalles que serán motivo de análisis y debate de las partes, por lo que insisten una y otra vez en que no van a entrar en el fondo de la cuestión, aunque sí quieren aclarar que no hay un tema escabroso detrás de este “aislamiento voluntario”.
“No son unos delincuentes”
“¿Cómo están los niños”, se les pregunta. Y los abogados responden que “están bajo la tutela del Principado de Asturias”.
“¿Y los padres, están confiados en el juicio?”, interpela un compañero de la prensa. Y la contestación es similar: “Están en prisión”.
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Chalé donde residían los tres menores con sus padres, en la zona rural de Oviedo, y del que no salieron en cuatro años, entre 2021 y 2025.
No obstante, se les pide una valoración sobre su estado anímico, y las defensas aclaran: “Ellos no son unos delincuentes.
Partiendo de esa premisa, las circunstancias de cómo se encuentran emocionalmente, obviamente son las de cualquier ciudadano normal que se encuentra en prisión y separados de sus hijos desde hace casi prácticamente un año. Así que no podemos definir -añaden- cómo están emocionalmente porque creemos que cualquier ciudadano, en circunstancias normales que no es un delincuente, obviamente sabrá cómo se deben de sentir”.
Los niños están ahora escolarizados
El estado psicológico y físico de los menores tampoco es una cuestión en la que los abogados defensores puedan ahondar y así lo manifiestan.
“Nosotros sobre los niños tampoco podemos pronunciarnos respecto a su estado psicológico, físico y demás.
Ellos están yendo al colegio, están escolarizados, se están adaptando al nuevo patrón, digamos, de adaptación social y aprendiendo castellano”.
La custodia de los menores
Desde el Principado se ha incidido en que, de momento, dada la situación procesal de los padres y a la vista de que ningún familiar de los menores pudiera hacerse cargo de ellos, se pudiera optar por una familia de acogida temporal.
Esta cuestión también se le plantea a las defensas: “Nuestro objetivo es que si la Sala tiene a bien absolver a los padres que alguna vez, de manera gradual, puedan recuperar la custodia de sus hijos y lograr reunirse como familia que es del seno de donde ellos deberían desarrollarse. Los niños ahora mismo están bajo tutela de la administración, pero creemos que ese sería el camino correcto en pro y en protección de los intereses de los niños.
“Del tema de que se pudieran ir de acogida temporal, tendrán que preguntárselo a la Letrada del Menor, que es la que toma esas decisiones de las autoridades asturianas”, han añadido.
El relato de la Fiscalía
El Ministerio Fiscal relata en su escrito de conclusiones provisionales que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.
La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer, ni los menores de edad en registro público alguno, incluidos el escolar o la Seguridad Social.
Los deberes de protección
Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según admite la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.
Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.
El aislamiento
El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa. Los gemelos, cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir y aún llevaban pañales.
Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.
Las dos jornadas del juicio
La Letrada del Menor, Patricia Arce, solicita la misma pena que la Fiscalía -25 años y cuatro meses de prisión para cada miembro de la pareja- y no ha querido hacer valoraciones.
La primera jornada del juicio, que tiene lugar hoy ante el tribunal de la Sección Segunda, está previsto que se dedique a plantear las cuestiones previas que concurren.
A continuación, prestarán declaración los policías locales y guardias civiles que intervinieron tanto en la liberación de los menores como en la detención de los padres, así como los agentes que hicieron al día siguiente una diligencia de registro en el domicilio y el reportaje fotográfco que acreditaba el estado en que se encontraba la vivienda y los trabajadores sociales.
La cuestión de nulidad
Los padres declararán previsiblemente en la jornada de mañana y se procederá a elevar a definitivas las conclusiones provisionales de las partes.
Si no hay una modificación de calificaciones, las defensas interesarán la absolución e incluso plantearán una cuestión de nulidad al estimar que en esta causa “ha habido alguna regularidad procesal y pondremos de manifiesto -aseguran- que la diligencia de entrada y registro no se practicó conforme a ley”.
