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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado una dura condena impuesta por la Audiencia Provincial de Cáceres a dos individuos por la comisión de siete delitos de trata de seres humanos, agravados por la finalidad de explotación sexual. La sentencia original, ahora confirmada, establece una pena de seis años de prisión por cada uno de los delitos, fijando un límite máximo de cumplimiento de 18 años de cárcel para cada condenado.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye medidas accesorias de protección a las víctimas. Los condenados tienen prohibido comunicarse o acercarse a las mujeres afectadas durante un periodo de 10 años. También se les impone una medida de libertad vigilada de 5 años una vez cumplida la pena de prisión.

Asimismo, deberán indemnizar a cada una de las víctimas con cantidades que varían entre los 3.000 y los 8.000 euros, en concepto de reparación por los daños sufridos.

Captación en Colombia y condiciones de explotación

El fallo judicial considera probado que los acusados, actuando con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de la prostitución, captaban a mujeres jóvenes en Colombia que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad económica. A estas mujeres, se les prometían importantes ingresos en España, una promesa que luego se demostró ser un engaño para someterlas a explotación.

Para llevar a cabo su plan, los acusados financiaban los billetes de avión desde Colombia hasta España y les proporcionaban una cantidad de dinero para que pudieran aparentar solvencia económica al pasar los controles fronterizos. Además, les daban instrucciones precisas sobre cómo evitar ser detectadas por la policía. Una vez que las mujeres llegaban a España, se veían obligadas a devolver de inmediato el dinero que se les había facilitado.

Control absoluto y deuda inflada

A su llegada, las víctimas eran trasladadas a un piso que estaba bajo el control de los acusados.

Allí, se les tomaban fotografías para crear anuncios de servicios sexuales y se les imponían condiciones de trabajo abusivas y extenuantes. Según el fallo, las mujeres debían estar disponibles “al menos, seis días a la semana durante las veinticuatro horas”. Los condenados se quedaban con el 40% de cada servicio que realizaban, obteniendo así un beneficio directo de la explotación.

Además de las duras condiciones de explotación, las mujeres contraían una deuda inflada que oscilaba entre los 2.000 y los 3.000 euros. Esta deuda incluía el costo de los billetes de avión, los gastos varios y supuestas gestiones realizadas por los acusados.

El control sobre las víctimas era total, ya que estaban sometidas a una vigilancia constante a través de cámaras de seguridad y teléfonos móviles con geolocalización a los que los acusados tenían acceso remoto, impidiendo cualquier intento de escapar o denunciar su situación.

La sentencia del TSJ de Extremadura aún no es firme y contra ella cabe la posibilidad de interponer un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.