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El desalojo de Laura, la madre con tres hijos menores cuyo caso saltó a la luz pública en noviembre, ha sido programado oficialmente. El Juzgado ha fijado la fecha para el lanzamiento el próximo 2 de abril, Jueves Santo, a las 12:00 horas, según una providencia judicial firmada el pasado 2 de marzo.

La resolución llega tras meses de incertidumbre para esta madre residente en Cádiz, quien asegura haber estado esperando desde noviembre una solución habitacional que le permita abandonar la vivienda sin dejar a sus hijos en la calle.

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, revelando la situación de Laura, una madre que se había visto obligada a ocupar una vivienda pública que llevaba años vacía ante la falta de alternativas habitacionales para sus hijos.

En ese momento, ya alertaba de que vivía con tres menores (un bebé de seis meses, un niño de dos años y un adolescente de catorce) en condiciones precarias y solicitaba a las administraciones tiempo para encontrar una solución que le permitiera abandonar la casa sin dejar a su familia sin hogar.

Cinco meses después, Laura afirma que sigue sin haber recibido ninguna propuesta viable por parte de las autoridades.

La orden judicial se produce después de una sentencia anterior que obligaba a abandonar el inmueble. Según el documento, se ha informado a los servicios sociales ante la posible presencia de menores en la vivienda en el momento del desalojo. La vivienda pertenece a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta de Andalucía.

Laura explica que durante este tiempo ha intentado reunirse en varias ocasiones con responsables de la Junta de Andalucía para buscar una solución, pero asegura que la administración autonómica se ha negado a atenderla.

Promesas incumplidas

Laura también ha mantenido reuniones con responsables municipales, incluyendo al alcalde de Cádiz, Bruno Garcia, y los concejales de Asuntos Sociales y Vivienda, Pablo Otero y Ana Sanjuán, respectivamente.

En dichas reuniones, se le prometió una vivienda transitoria si la situación se agravaba.

Sin embargo, a pocas semanas del desahucio, Laura denuncia que esa solución no ha llegado. “Me dijeron que no me preocupara, que llegado el momento me ayudarían con una vivienda transitoria, pero ahora nadie me da una respuesta”, lamenta.

La única opción planteada fue a través de una inmobiliaria que trabaja con Procasa, una vivienda en el mercado privado con un alquiler cercano a los 800 euros mensuales, más un seguro obligatorio que elevaba el coste por encima de los 900 euros. Laura rechazó esta propuesta por considerarla inasumible, ya que sus ingresos mensuales rondan los 800 euros.

Condiciones de vida extremas

Actualmente, Laura vive con sus tres hijos en condiciones muy difíciles. Denuncia que lleva nueve meses sin suministro de agua corriente, situación en la que incluso dio a luz a su bebé.

A pesar de ello, insiste en que no pretende quedarse indefinidamente en la vivienda, sino encontrar una alternativa que pueda costear con sus ingresos.

“Yo no me niego a irme. Si me dan una solución habitacional, me voy mañana mismo”, afirma con desesperación.

Con la fecha del desalojo fijada para el 2 de abril, el caso vuelve a generar alarma social en Cádiz. Laura afirma que seguirá intentando reunirse con las administraciones para evitar el desahucio o, al menos, conseguir una alternativa antes de tener que abandonar la vivienda.

Mientras tanto, el calendario judicial avanza y la familia enfrenta una nueva cuenta atrás que, si no hay cambios, terminará el próximo Jueves Santo.