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La reciente propuesta del gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, de implementar una herramienta para monitorizar el discurso de odio en redes sociales, ha desatado controversia. Expertos en derecho digital e ingeniería informática han expresado su preocupación, advirtiendo sobre los posibles riesgos que esta medida podría acarrear para la libertad de expresión.

El Código Penal ya Actúa Contra Delitos de Odio

El abogado Borja Adsuara, experto en derecho digital, ha señalado que el Código Penal ya contempla y sanciona los delitos de odio, tipificados en el artículo 510. Adsuara enfatiza la diferencia crucial entre un mensaje odioso y un delito de odio, aclarando que “odiar a Pedro Sánchez o a Feijóo no es un delito, ni sentirlo ni expresarlo”.

El límite legal se cruza, según el jurista, cuando se incita “públicamente a la discriminación, hostilidad o violencia contra un grupo determinado”, generalmente colectivos vulnerables. Todo aquello que no traspase esa línea, por ofensivo que pueda ser, está protegido por la libertad de expresión, garantizada por la Constitución.

Adsuara defiende que la potestad de determinar qué es legal o ilegal debe recaer exclusivamente en la justicia.

Opacidad y Contradicciones en el Plan del Gobierno

Desde el punto de vista técnico, el ingeniero informático Javier Naranjo ha criticado la opacidad que rodea a la plataforma propuesta. “¿Cómo podemos ver cómo han definido los parámetros de odio si no hacen público el código?”, cuestiona, destacando que la clave reside en quién programa el sistema y con qué intención.

Naranjo también ha señalado una contradicción en el plan del Ejecutivo: a pesar de las críticas de Sánchez a X (antes Twitter) tras la llegada de Elon Musk, el Gobierno deberá pagar una licencia a esta misma red social para que una empresa contratada pueda acceder a los tuits y analizarlos.

Peligroso Precedente y Riesgos para la Libertad de Expresión

Tanto Adsuara como Naranjo han alertado sobre el peligroso precedente que sentaría que un gobierno decidiera qué constituye “odio”. Adsuara recordó el caso de Estados Unidos, donde la administración Biden “dio instrucciones a las redes sociales para que censuraran”, y cómo, con el posible regreso de Trump, las plataformas cambian de criterio. “Yo defiendo que ningún gobierno tenga una herramienta para decidir lo que es odio”, sentenció el abogado.

Dudas sobre el Tratamiento de Datos Personales

Adsuara también ha planteado serias dudas sobre el tratamiento de datos personales que implicaría la herramienta.

Se ha preguntado si se ha realizado una evaluación de impacto o si se ha consultado a la Agencia de Protección de Datos, pasos obligatorios para un tratamiento de datos de este tipo. “En cuanto empieces a recopilar mensajes y a elaborar perfiles y a monitorizar la gente que tú crees que hace un discurso de odio, pues estamos hablando de cosas muy serias”, advirtió.

Riesgo de Espiral del Silencio y Sanciones Administrativas

Los expertos han señalado el riesgo de generar una espiral del silencio donde no se pueda opinar sobre ciertos temas por miedo a ser señalado. Como ejemplo, se mencionó un informe del Ministerio de Igualdad que analizaba el uso del término “Charo” como “cultura de odio y herramienta de la misoginia”.

Finalmente, Borja Adsuara advirtió sobre las sanciones administrativas, explicando que, aunque una opinión no sea delito, leyes como la ley trans prevén “sanciones de hasta 40.000 euros por lo que llaman incidentes de odio”. Adsuara subraya que la decisión recaería en un cargo político, como la directora general de diversidad sexual, y no en un juez, lo que supone un riesgo para la tutela judicial efectiva.