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El anuncio del Gobierno español sobre la creación de una herramienta digital para monitorizar y medir el odio en redes sociales ha generado una fuerte controversia. El presidente Pedro Sánchez justificó la iniciativa como una medida para proteger la salud mental de los jóvenes, pero juristas y expertos han expresado su preocupación por los riesgos que implica para la libertad de expresión y la libertad ideológica.

Críticas a la Subjetividad y Posibles Sesgos

La principal crítica se centra en la subjetividad inherente a la definición de “odio”. La periodista Ana Cabanillas advierte sobre el peligro de que un político defina emociones, considerándolo un discurso populista. En su opinión, la protección debe enfocarse en los actos, amparándose en la ley y el código penal, ya que calificar sentimientos sin criterios objetivos podría generar situaciones injustas.

Existe también preocupación por la posible contradicción dentro del propio Gobierno.

Se cuestiona si descalificaciones entre figuras políticas serían consideradas “odio” por la herramienta, o si se interpretarán como “descripciones de la realidad”.

Confusión entre Discurso y Delito de Odio

El abogado y experto en derecho digital, Borja Adsuara, destaca la confusión entre discurso de odio y delito de odio. Cita datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que revelan que la mayoría de los mensajes de odio detectados no son ilegales. Adsuara cuestiona la legitimidad del Gobierno al monitorizar la opinión en redes sociales y la posible elaboración de perfiles a partir de datos personales no ilegales.

Adsuara aclara que el delito de odio, según el código penal, se aplica contra colectivos, no contra individuos. Los insultos individuales se considerarían injurias, no delitos de odio.

Eficacia de las Herramientas Legales Existentes

Los expertos insisten en que las herramientas legales actuales son suficientes.

Mencionan la reciente detención de dos personas por amenazas de muerte a la líder de Podemos, Ione Belarra, como ejemplo de que el Código Penal permite perseguir este tipo de actos.

Preocupación por la Opacidad del Algoritmo

La opacidad del algoritmo que utilizará la herramienta es otra fuente de inquietud. El escritor Lorenzo Silva advierte que todos los programas están expuestos a sesgos. Se pregunta qué parámetros se usarán para medir el odio, y pone como ejemplo la posibilidad de que se considere “odio” un término dirigido a un grupo político, pero no a otro.

Límites de la Unión Europea a Medidas Unilaterales

Los juristas recuerdan que la Unión Europea ha puesto límites a las aspiraciones digitales de los gobiernos nacionales. Borja Adsuara señala que un país no puede adoptar medidas unilaterales contra las plataformas.

La única vía sería que la Comisión Europea exigiera a las redes sociales auditar sus algoritmos. Subraya la importancia de la transparencia de los algoritmos, principio que debería aplicarse a esta nueva iniciativa.