EL SUPREMO CONFIRMA: EL PAZO DE MEIRÁS VUELVE AL ESTADO
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El Tribunal Supremo ha ratificado por unanimidad la sentencia que obliga a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado español. La decisión desestima todos los recursos presentados por los herederos del dictador, quienes reclamaban la propiedad del inmueble.
Fundamentos de la Decisión
El alto tribunal argumenta que el Pazo de Meirás, desde 1938, estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado.
Por lo tanto, sus ocupantes no pudieron considerarse dueños de la finca hasta los años 90, momento en que la administración dejó de prestar servicios en el lugar.
En consecuencia, el Supremo concluye que no se cumplió el plazo legal de 30 años necesario para adquirir la propiedad por usucapión. Además, rechaza la existencia de una desafectación tácita que despojara al inmueble de su carácter de bien de dominio público.
Indemnización a la Familia Franco
A pesar de la decisión sobre la propiedad, la sentencia confirma que la familia Franco deberá ser indemnizada por los gastos incurridos en el mantenimiento del inmueble desde 1975.
El Supremo basa esta decisión en que la demanda inicial reconocía a la familia Franco como poseedora de buena fe, lo que justifica la compensación.
El tribunal considera que no se puede modificar esta postura inicial, ya que “los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita”. Por esta razón, también se desestimaron los recursos de las administraciones públicas que buscaban evitar la indemnización.
Historia del Pazo de Meirás
El Pazo de Meirás, situado en Sada (A Coruña), fue construido a finales del siglo XIX por la escritora Emilia Pardo Bazán.
Durante la Guerra Civil, pasó a manos de Francisco Franco a través de un proceso que simuló ser una donación, convirtiéndose en su residencia de verano durante su etapa como Jefe de Estado.
Tras la muerte de Franco, la familia continuó utilizando la propiedad hasta que el Gobierno reclamó su devolución al patrimonio público. La acción judicial contó con el respaldo de los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.
