Nuevas Objeciones de la Casa de Alba en el Caso de los Pozos Ilegales
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La Casa de Alba ha expresado su desacuerdo con una reciente decisión judicial en el caso de los nueve pozos ilegales ubicados en su finca de Aljóbar, en Aznalcázar, Sevilla. Alegan que esta decisión les genera una “indefensión” que debe ser subsanada.
El meollo de la controversia reside en la negativa del juez instructor, quien investiga un posible delito contra el medio ambiente, a citar a declarar a uno de los dos peritos propuestos por la defensa. La defensa considera este testimonio crucial, argumentando que “podría conducir a un sobreseimiento temprano” del caso, evitando así las molestias y perjuicios asociados a un procedimiento penal.
La objeción se formalizó mediante un recurso de reforma presentado en respuesta al auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor. Este auto rechazó la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia originó el caso y solo aceptó el testimonio de uno de los dos peritos propuestos por la defensa. En concreto, el juez ha citado al experto que elaboró el informe ambiental, destinado a refutar el análisis de la Guardia Civil, pero ha rechazado la declaración del técnico que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas.
El magistrado justificó su decisión argumentando que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. La defensa considera esta justificación “insuficiente” y alega que no tiene sentido admitir la ratificación pericial de unos informes pero no de otros, ofreciéndose a que ambos peritos testifiquen el mismo día para evitar retrasos.
La defensa insiste en que no hubo infracción
La Casa de Alba mantiene que, incluso si existieran pozos sin licencia, nunca se ha excedido el límite de 605.000 hectómetros cúbicos anuales concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para el riego. Contrario a lo que sostiene la Guardia Civil, la defensa argumenta que no se ha superado lo permitido y, por lo tanto, “no se ha cometido infracción alguna y mucho menos daño alguno al dominio público hidráulico” por parte de Eurotécnica Agraria, la empresa que gestiona la finca.
Según la defensa, lo procedente sería “el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias”. Para lograrlo, consideran fundamental que se tenga en cuenta al perito no citado, quien aportaría información sobre la instalación de riego, los sistemas de control de extracción de agua y el modelo de cultivo. “La ratificación de su informe es indudablemente necesaria” para conocer cómo se ha regado en Aljóbar y qué cosechas se han obtenido.
Advierten sobre un posible “perjuicio irreparable”
La defensa alega que la ausencia de este experto “impide a esta defensa introducir en la causa elementos de descargo que considera cruciales, generando una indefensión que debe ser reparada”.
Aunque reconocen que sus argumentos podrían ser escuchados en un juicio, consideran “esencial” la práctica de esta diligencia en la fase de instrucción, pues posponer este testimonio “podría causar un perjuicio irreparable”, ya que “su resultado podría conducir a un sobreseimiento temprano”, evitando “la continuación de un procedimiento penal”.
Los hermanos del duque de Alba evitan comparecer ante el juez
La investigación se ha centrado en Eurotécnica Agraria y su responsable, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien hasta ahora es el único que ha declarado como imputado. La defensa intenta desviar el foco del consejo de administración de la compañía, donde, según la Guardia Civil, se encuentran sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba.
La defensa sostiene que el máximo responsable es el sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba, cuya imputación llegó a solicitar la Fiscalía. No obstante, el Ministerio Público ha centrado su atención en el administrador de la empresa, permitiendo que los Martínez de Irujo se libren por ahora de comparecer ante el juez.
