Uigures acusan a Huawei ante la Audiencia Nacional por presunto genocidio étnico
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Asociaciones internacionales como el Congreso Mundial Uigur (WUC) y Don’t Fund Russian Army (DFRA) presentaron una querella ante la Audiencia Nacional en 2025, acusando a las filiales españolas de Huawei, Hikvision y Dahua de colaborar con una organización terrorista en relación con un delito de lesa humanidad. La acusación se basa en la presunta contribución de estas compañías a la canalización comercial y financiera de sistemas tecnológicos empleados en la represión contra la minoría uigur en China.
En septiembre de 2022, la ONU concluyó, tras una investigación independiente, que China podría haber cometido crímenes de lesa humanidad contra los uigures mediante políticas que resultaron en detenciones arbitrarias masivas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó inicialmente la admisión de la querella, argumentando que el tribunal no era competente debido a la reforma de 2014 que limita la persecución de delitos internacionales graves. El Ministerio Público señaló que la querella no proporcionaba pruebas de la participación de las filiales en el delito denunciado y que la legislación no contempla que personas jurídicas (empresas) puedan cometer delitos de lesa humanidad. Además, se requiere la doble incriminación, es decir, que los hechos denunciados sean delito tanto en China como en España, lo cual no se cumple ya que China no considera el delito de lesa humanidad como una figura punible.
La representación legal de las asociaciones está considerando ampliar la querella para refutar la tesis del fiscal. Insisten en que las compañías participaron en el desarrollo, suministro y despliegue de sistemas tecnológicos de vigilancia masiva y reconocimiento biométrico en el marco de un sistema de represión. Solicitan que se investigue en España el grado de intervención de estas sociedades en la comercialización, financiación o soporte técnico de dichos sistemas.
Las asociaciones lamentan que la Fiscalía anticipe una “inexistencia” de participación de las filiales españolas sin realizar ninguna investigación, obviando la existencia de indicios racionales de criminalidad. Argumentan que el derecho internacional admite formas de participación accesoria en la comisión de crímenes internacionales, como la colaboración mediante el suministro de medios para la comisión del delito.
Detalles de la querella
La querella, elaborada por el despacho penalista Soriano i Piqueras, sostiene que desde 2014 el Partido Comunista de China ha practicado “una política sistemática de exterminio en la denominada región autónoma de Xinjiang”, hogar del pueblo uigur, una etnia de religión mayoritariamente islámica y cuya lengua forma parte del grupo de lenguas túrquicas.
Las operaciones para llevar a cabo este presunto genocidio se desarrollaron entre 2016 y 2021 e incluyeron “numerosos actos de asesinato, detención ilegal, esterilización forzada o aborto”, conductas propias de los delitos de lesa humanidad. La región de Xinjiang, que representa aproximadamente una sexta parte de la superficie de China, mantenía una vinculación histórica y cultural más cercana al mundo turco-iraní que a la propia China antes de su anexión en el siglo XVIII.
Según los querellantes, las manifestaciones multitudinarias en Xinjiang a finales de los ochenta provocaron el temor del Gobierno chino a perder el control sobre la región, lo que condujo al endurecimiento del régimen con medidas como ejecuciones arbitrarias de disidentes, destrucción de mezquitas, adoctrinamiento forzado e inmigración masiva de la etnia ‘han’.
Además, el Ejecutivo chino “utilizó el contexto internacional de lucha contra el terrorismo tras el 11-S para justificar la intensificación de la represión contra el pueblo uigur”, alegando supuestos vínculos de sectores de la oposición uigur con redes islamistas de Asia Central y calificando las revueltas uigures como actos terroristas. Bajo el pretexto de una supuesta radicalización de determinados movimientos nacionalistas, Pekín instauró desde 2014 una política destinada a ejercer un control sin precedentes sobre el pueblo uigur.
Las asociaciones lamentan que este programa se encuentre enmascarado bajo expresiones oficiales como estabilidad social, lucha contra el terrorismo islamista, reeducación o reducción de la pobreza, mientras que los objetivos efectivos son de muy distinta naturaleza. Se buscó limitar el crecimiento demográfico uigur con medidas para controlar la natalidad y llevando a cabo esterilizaciones forzadas de mujeres. En 2018, el 80% de los dispositivos intrauterinos (DIU) colocados en China se concentraron en Xinjiang. Entre 2015 y 2018, la tasa de crecimiento poblacional descendió un 84% en las dos principales prefecturas uigures.
El papel de las nuevas tecnologías
La querella destaca que la utilización de nuevas tecnologías permitió a China “ampliar de forma exponencial el alcance de esta represión, creando una base de datos denominada ‘Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas’, que reúne ingentes cantidades de información sobre cada individuo”. Esta plataforma está vinculada a una de las redes de videovigilancia más densas del planeta, instalada en las principales ciudades de Xinjiang.
Las compañías Hikvision y Dahua dominan el mercado mundial de la videovigilancia, mientras que Huawei “ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de las telecomunicaciones”. Las tres empresas “obtienen una parte sustancial de su facturación de su colaboración con el régimen chino”.
En el caso de Huawei, la querella destaca que “coopera directamente con la policía de Xinjiang en proyectos de seguridad pública, participando en el desarrollo del sistema regional de vigilancia policial”. Además, las tres empresas “habrían desarrollado programas de reconocimiento étnico, destinados a las autoridades”, que permitirían alertar a la policía local en caso de detectar la presencia de individuos identificados como uigures o tibetanos, entre otros.
Huawei ha declinado hacer comentarios sobre la querella hasta recibir una notificación oficial.
