La familia Franco recibirá una indemnización por el Pazo de Meirás gracias a un informe encargado por Feijóo
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El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Estado deberá indemnizar a la familia Franco por la ocupación del Pazo de Meirás, a pesar de confirmar que la propiedad es pública y pertenece a los ciudadanos. Esta decisión se basa en un informe clave encargado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, cuando era presidente de la Xunta de Galicia.
Un informe controvertido
El informe fue elaborado por una comisión de expertos designada por la Xunta de Feijóo, incluyendo representantes del Ayuntamiento de Sada, uno de los principales impulsores de la recuperación del Pazo para el dominio público. La conclusión principal del informe fue que para recuperar Meirás, era necesario compensar a los Franco por los gastos generados durante el tiempo que lo ocuparon después de la muerte del dictador en 1975.
El Ayuntamiento de Sada se opuso a esta postura, pero el informe también argumentaba que los herederos de Franco habían ocupado Meirás “de buena fe”, desconociendo las circunstancias de la usurpación original de la propiedad.
Aceptación judicial y crítica
Esta tesis de compensación económica fue aceptada por los tribunales durante el proceso judicial del Caso Meirás y ahora ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. El abogado Miguel Torres, quien defendió la postura del Ayuntamiento de Sada de recuperar el Pazo sin compensación alguna, criticó el papel de los expertos de la Xunta en este debate.
Según Torres, se prefirió conceder a los Franco el derecho a cobrar esos gastos para evitar una batalla frontal durante el proceso de recuperación del Pazo. Además, el informe añadía que la ocupación de la propiedad fue “de buena fe”, eximiendo a los herederos del conocimiento de la usurpación inicial.
¿Cuánto cobrarán los Franco?
Aunque la cifra exacta aún no se conoce, fuentes cercanas al proceso estiman que la familia Franco podría recibir alrededor de un millón de euros. Este cálculo se basa en la estimación de gastos que los Franco presentaron sobre las facturas, reparaciones y otros gastos de mantenimiento entre noviembre de 1975 y septiembre de 2020, fecha de la sentencia que devolvió el Pazo a lo público.
El juzgado número 1 de primera instancia de A Coruña será el encargado de determinar la cantidad final que el Estado deberá pagar a la familia Franco en concepto de indemnización.
Reacciones políticas
En 2018, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una resolución pidiendo la expulsión de los Franco de Meirás. Durante ese debate, la líder del BNG, Ana Pontón, criticó cualquier tipo de compensación a los herederos del franquismo, calificándola de “aberración”.
Por su parte, Feijóo, que nunca censuró el “expolio”, restó importancia a la ocupación del Pazo, refiriéndose a ella como “el veraneo del general“, en contraposición a la figura de Emilia Pardo Bazán, anterior propietaria legítima.
