
GUARDIA CIVIL DE BALEARES SOLICITA USAR EMBARCACIÓN INCAUTADA A NARCO EN IBIZA
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La Guardia Civil de las Islas Baleares ha solicitado el uso provisional de una embarcación incautada en Ibiza a un presunto narcoestibador del Puerto de Valencia, investigado en la ‘Operación Spider’. Esta operación desarticuló una red de tráfico de cocaína a gran escala, que introdujo hasta 3,5 toneladas de la droga en el mercado europeo.
La solicitud figura en un informe del Instituto Armado, que forma parte del sumario. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, con la ayuda de agentes encubiertos, descubrió que Iván T. R., uno de los presuntos líderes de la red, poseía una embarcación Axe (modelo Axopar 37) de unos 11 metros de eslora en el Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza), a nombre de un testaferro.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil destaca el “desafío operativo creciente” que enfrenta debido a la ubicación estratégica de las Islas Baleares en el Mediterráneo Occidental y la alta incidencia del narcotráfico en la zona.
Vulnerabilidad de las Islas Baleares ante el Narcotráfico
El informe subraya que las Islas Baleares son un enclave geográfico particularmente vulnerable al tráfico de estupefacientes, debido a la elevada movilidad marítima y aérea, la intensa actividad turística y la fragmentación territorial en múltiples islas y calas de difícil acceso. Estas características facilitan la introducción, ocultación y distribución de sustancias prohibidas.
La Guardia Civil advierte que las organizaciones criminales aprovechan estas condiciones empleando rutas discretas, embarcaciones de alta velocidad y métodos sofisticados de traslado y ocultación, lo que complica las labores de vigilancia, investigación y persecución.
El Instituto Armado señala que su capacidad para combatir a estas redes criminales se ve comprometida por el exceso de horas de motor y la escasa renovación de sus embarcaciones, lo que provoca una merma en la fiabilidad e incrementa la siniestralidad. El uso excesivo de los barcos de la Guardia Civil aumenta la frecuencia de las averías.
La incorporación de barcos incautados en operaciones de narcotráfico como la del Puerto de Valencia permitiría el seguimiento de objetivos que utilizan embarcaciones de marcas y modelos de alta gama, cuyo precio es inasumible para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Uso de Testaferros
La embarcación Axe “cumple” con los requisitos técnicos valorados por el Instituto Armado, según el informe firmado por el capitán jefe del Servicio Marítimo de las Islas Baleares. De obtener la autorización para su uso provisional, se sumaría a los 26 vehículos y motocicletas intervenidas a la presunta trama cuya utilización también solicita la Udyco.
El titular del contrato de amarre era Salvador Julio C. M., portuario en Valencia, según un informe policial. Los investigadores sostienen que el uso de “personas interpuestas” es una dinámica habitual del investigado Iván T. R., quien evita titularizar propiedades inmobiliarias a su nombre para proteger sus bienes.
De los tres titulares registrales de la lancha, Jose R. M. mantiene una “relación de amistad” con el presunto narco. La Udyco dedujo de las conversaciones telefónicas intervenidas que Iván T. R. era el propietario “real” de la embarcación y ostentaba su posesión y disfrute.
Investigación y Prohibición de Disposición
En una llamada intervenida, Iván T. R. pregunta a un trabajador del club náutico ibicenco: “¿Cuándo le pegas un meneo al barco?”. Tras estas llamadas, los investigadores de la Udyco pidieron al club náutico las grabaciones de las cámaras de seguridad y comprobaron que Iván T. R. aparece realizando gestiones relativas a la embarcación, acompañado por su mujer.
La jueza sustituta del magistrado titular de Instrucción 15 de Valencia, Ana María Lillo, acordó la prohibición absoluta de disponer, vender o enajenar la embarcación amarrada en el Es Nàutic de Sant Antoni. El abogado de Salvador Julio C. M., que no figura como investigado en la causa, lamentó los “perjuicios económicos” a consecuencia del bloqueo de la lancha y aportó el contrato de compraventa de la adquisición del barco, por un importe de 60.000 euros.












