La fresa importa más que la mano de obra": Los abusos detrás del millonario negocio de los frutos rojos en Huelva

Campaña tras campaña, la lucha por condiciones dignas para las temporeras de Huelva persiste en el campo andaluz. Las mujeres marroquíes predominan en la recolección de frutos rojos entre enero y julio, un sector que genera beneficios multimillonarios y convierte a Andalucía en la principal exportadora europea. Sin embargo, los sindicatos intentan dar voz a las empleadas que luchan por el cumplimiento de los acuerdos bilaterales entre países, que aseguran viviendas en buenas condiciones y jornadas laborales legales. El miedo a las consecuencias, sin embargo, las paraliza. Ya hay siete denuncias registradas en Inspección de Trabajo, correspondientes a fincas ubicadas en Almonte, Moguer, Lucena de Puerto y Palos de la Frontera.

“La fresa importa más que la mano de obra”, afirma Ana Pinto, portavoz y cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha. Según Pinto, las viviendas tienen condiciones horribles y desde enero han recibido llamadas de compañeras denunciando el incumplimiento de requisitos mínimos o la obligación de trabajar los domingos. Ya han atendido a una veintena de personas y este año, gracias a las actualizaciones de la normativa en materia de extranjería, podrán acceder a los inmuebles donde están alojadas las temporeras para comprobar las condiciones de habitabilidad. Humedades en las paredes, cables sueltos, asentamientos chabolistas donde se construyen casas con palets de madera, en las que malviven durante meses, son algunas de las situaciones denunciadas.

El campo andaluz cambió de forma lenta pero irreversible a finales de la década de los 90. Pinto, que trabajaba en la recolección de frutos rojos desde los 16 años, recuerda un periodo feliz, lleno de compañerismo, que cambió por completo por la avaricia del sistema. “Empecé con 16 años e hice las campañas de naranjas, aceitunas, y he visto cómo las condiciones iban cada vez a peor. Me parece digno que con tus manos alimentes a otras personas, se creaban vínculos, pero, de repente, impusieron normas nunca vistas: no podías llevar agua en el carro y la tenías que dejar al otro lado del invernadero para no perder el tiempo, con gente medicándose, prohibieron que ayudaras a las compañeras, para incrementar la presión de coger kilos, o tener música”, detalla.

Maximización de beneficios y precariedad laboral

El objetivo de maximizar los beneficios llevó a un empeoramiento de las condiciones laborales y salariales, en paralelo al éxito de las campañas que convirtieron a Huelva en un referente mundial. En un contexto abusivo y desigual donde la mecanización del cultivo era inviable por la delicadeza del producto, las familias andaluzas dejaron el campo en busca de mejores oportunidades. Así, ante la falta de plantilla, la contratación en origen se formalizó en 2002 a través de la Orden GECCO, abriendo la puerta a la explotación laboral de trabajadoras con miedo a ser devueltas a su país, sin ahorros para sus familias, o a no ser llamadas de nuevo.

El jornal en Huelva es de 60,51 euros brutos por 6,5 horas, apenas unos 1.100 euros al mes, según los sindicatos. Teniendo en cuenta que el 92% de las participantes en los programas de migración circular en 2025 fueron mujeres, ellas son las principales afectadas por estas condiciones. El contingente procedente de Marruecos asciende este 2026 a 17.000 personas, aunque cada vez más se suman trabajadores procedentes de Sudamérica, llegando a las 21.000 contrataciones. La selección se hace en origen, en ciudades como Tánger, donde miles de mujeres de las aldeas circundantes acuden a las entrevistas.

Los requisitos para la selección incluyen tener entre 25 y 45 años, edad considerada adecuada para soportar las cargas del trabajo, tener hijos, y estar casada, divorciada o viuda, es decir, con arraigo para asegurar el compromiso de retorno.

En la campaña 2024/2025, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, notificó una producción de 210.345 toneladas de fresa, un descenso del 5% comparado con el ejercicio anterior, y 699,3 millones de euros en exportaciones. En cuanto a la frambuesa, llegaron a las 37.660 toneladas (un 6,5% menos) y los 229,6 millones, mientras que la mora alcanzó las 1.890 toneladas (caída del 11%) y 18,3 millones. Alemania y Reino Unido son los principales importadores. A pesar de los beneficios, Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, declaró en 2020 que las personas del campo onubense vivían “como animales”: “A kilómetros del agua, sin electricidad o saneamiento adecuado. El campo de recolectores de fresas fue verdaderamente impactante”.

Conocer los derechos laborales y denunciar

“El convenio del campo de Huelva va por contratos fijos-discontinuos y, a través de las tarjetas TIE, se permite la vuelta al trabajo durante cuatro años siempre y cuando cumplas con el compromiso de retorno”, explica Ana Pinto. Sin embargo, a la hora de conformar los contingentes, no se respeta la antigüedad de las trabajadoras de la campaña. “Lo más importante es que las trabajadoras conozcan sus derechos, se organicen y denuncien”, añade. La insistencia y difusión de la información desde los sindicatos a las trabajadoras ha logrado la interposición de demandas y la intervención de Inspección de Trabajo.

Además, se introdujeron dos nuevas órdenes ministeriales, la Orden TMS/1426/2018 y la TMS/1277/2019, con el fin de mejorar las actuaciones de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para controlar que se cumple correctamente la normativa laboral, a raíz de las polémicas que saltaron a los medios y en función del acuerdo sobre mano de obra que se firmó entre España y Marruecos, adoptado en 2001. En su artículo 6, se establece que “los trabajadores y trabajadoras marroquíes gozarán de los derechos y privilegios que les conceda la legislación española”.

“Ninguna de estas mujeres quiere salir en la foto: tienen miedo”, critica Fátima Ezzohayry, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMINA). Antes de llegar a los juzgados o a las autoridades competentes, intermedian con los empresarios para llegar a una solución entre las partes, haciendo hincapié en que las actitudes o exigencias de los encargados son los principales problemas que se encuentran en el día a día.

“En una finca en Moguer, la cocina estaba quemada, el grifo de la cocina estaba amarrado con una cuerda, las paredes llenas de humedades… Nos presentamos en la finca y recogimos pruebas con todo ello”, explica Ezzohayry, quien también relata el caso de una trabajadora que durante ocho años soportó las condiciones de la infravivienda hasta que las amenazas y los malos tratos por parte de los responsables de la finca mellaron la relación y no pudo aguantar más.

Ezzohayry llegó a la provincia en el año 97, antes de la Orden GECCO, en un contingente procedente de Marruecos. Hasta el año 2017 trabajó en el campo, pero las hernias en su columna vertebral provocaron que le dieran una incapacidad laboral para tales tareas. Fue entonces cuando decidió implicarse en la lucha sindical: “El campo ha empeorado. En mis tiempos era mejor porque estaban las personas españolas, no las migrantes, que no conocen las normas, muchas no saben leer el idioma, y temen perder el trabajo o que no las vuelvan a llamar si se quejan”.

Denuncias de abusos sexuales

La Audiencia Provincial de Huelva corroboró la existencia de abusos sexuales por parte de cinco patronos españoles a varias trabajadoras marroquíes, de entre 18 y 30 años, el 24 de abril de 2014. El auto recogía que algunas de las vejaciones eran “putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre” o “hijas de puta, tontas, inútiles”.

Los agravios hacia las temporeras dieron el salto mediático en el año 2018, después de años de ostracismo laboral y social. Alrededor de 100 trabajadoras declararon haber sufrido abusos sexuales por parte de jefes y trabajadores en un reportaje en el diario alemán *Correctiv*. En un frente común, se registró la primera denuncia judicial por parte de cuatro temporeras marroquíes al encargado de una explotación agraria de Moguer y, seguidamente, una segunda denuncia ante la Audiencia Nacional de diez temporeras marroquíes a la empresa *Doñana 98* por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

Un estudio publicado en la revista *Investigaciones Feministas* analiza la influencia que tuvieron tales hechos en los medios de comunicación de aquel entonces. Mientras que los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín en Pamplona impactaron y movilizaron a la sociedad española, los que se daban en el sur andaluz quedaron relegados a un segundo apartado, pese a la gravedad de lo denunciado y la reiteración de los daños infringidos cada campaña ante la ausencia de unos organismos públicos que velaran por su protección. La cultura de la violación, tal y como se detalla, actúa a través de una triple dominación: la nacionalidad, el sexo y la clase.

La portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha afirma que la violencia sexual “no es mayor” que en otros sectores, pero reconoce que las condiciones propician escenarios peligrosos. “Las mujeres que viven en asentamientos chabolistas sin papeles están más expuestas, sin ningún tipo de seguridad, y, por otro lado, las que tienen contrato en origen van por caminos secundarios, no tienen transporte… Imagínate ir andando por ahí y, si pasa algo, tener luego que demostrarlo porque no tienes testigos; están muy expuestas y vulnerabilizadas”.

La medida de regularización extraordinaria que anunció el Gobierno central se contempla como una oportunidad para darle salida a estas realidades. Carmen Vázquez, miembro del área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), apoya a las diferentes asociaciones y las personas que viven en los asentamientos que hay desperdigados por el territorio con asesoría y acompañamiento. “Aquí se juega con la necesidad, con el temor, y las fincas tienen una actitud bastante hostil hacia las asociaciones por el daño a su imagen”, indica. Pinto zanja el asunto: “Este monocultivo funciona en base a la explotación laboral, porque en unos meses se quiere la mayor producción posible y un aumento del PIB tanto a nivel provincial como nacional. Se expolia el medioambiente, pero se quiere que Andalucía sea exportadora a nivel mundial y cuenta con el beneplácito de mucha gente y de los partidos”.