Mogán busca legalizar viviendas construidas ilegalmente en complejo exclusivo
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El municipio turístico de Mogán, en el sur de Gran Canaria, se encuentra en el centro de una compleja y controvertida operación urbanística. Una empresa privada, Carrera Ground Floor, ha propuesto un plan para “reequilibrar el uso del espacio urbano, mejorar la calidad ambiental y atender las necesidades de la población”, cediendo terrenos al Ayuntamiento para aumentar las zonas verdes a cambio de mayor edificabilidad en la urbanización Monte Carrera.
La promotora presenta esta iniciativa como una oportunidad para ganar espacio público en una zona de alta densidad residencial, y el Ayuntamiento vislumbra un “impacto positivo” en el entorno y la calidad de vida de los habitantes.
El Trasfondo Judicial
El objetivo principal de la promotora es **legalizar 37 viviendas** y tres locales construidos sin licencia durante la pandemia en la planta baja del complejo. El Ayuntamiento ordenó su derribo hace cuatro años, pero la empresa recurrió judicialmente, proceso aún pendiente en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria.
En 2024, la promotora intentó legalizar las obras utilizando un decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, pero los técnicos municipales lo rechazaron. A finales de 2025, Carrera Ground Floor presentó la nueva iniciativa, que incluye un informe de la empresa de asesoramiento urbanístico Urbanfix.
Antecedentes de la Urbanización
La licencia original de Monte Carrera, concedida en 2005, permitía la construcción de 131 viviendas, piscina y garaje en una superficie de 16.000 metros cuadrados, con una altura máxima de dos plantas. Sin embargo, la urbanización se construyó con tres alturas, lo que obligó a tapiar la planta baja. Es en esta planta donde se ubican las viviendas que ahora se pretenden regularizar.
En abril de 2020, una denuncia vecinal alertó sobre trabajos en la planta baja para transformarla en viviendas. La Policía Local constató las obras, que implicaban la demolición de muros y la reforma de 37 viviendas sin licencia de uso habitacional. Estas obras dieron origen a la orden de derribo.
El Nuevo Proyecto PAMU
La empresa busca la legalización a través de un “Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II”, un instrumento urbanístico privado que busca resolver la falta de zonas verdes en la urbanización mediante una cooperación público-privada. El proyecto destaca la alta densidad de la zona, que cuadruplica la media del municipio, y la necesidad de un diseño urbano adaptado a una población envejecida y diversa.
La memoria del proyecto señala que hay 53 viviendas vacacionales registradas, generando más de 49.000 pernoctaciones anuales. Los apartamentos en Monte Carrera se venden por más de 300.000 euros.
Alternativas Propuestas
La iniciativa privada plantea dos alternativas:
- Ceder al Ayuntamiento 625 metros cuadrados de suelo para crear espacios de sombra y estancia, a cambio de un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados para usos comerciales o administrativos.
- Legalizar las 37 viviendas con orden de derribo. Además de la cesión de los 625 metros cuadrados, se propone recalificar 6.677 metros cuadrados de la red viaria en los extremos de la parcela como “espacio libre”.
Se propone un modelo similar a las *woonerf* holandesas, priorizando peatones y zonas verdes, pero permitiendo la circulación a baja velocidad y el estacionamiento. En esta segunda alternativa, el incremento de edificabilidad se destinaría a uso residencial, regularizando las viviendas.
Los promotores consideran que la segunda alternativa es la más favorable, ya que está más alineada con la recalificación del espacio público urbano.
Respuesta del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Mogán ha acogido favorablemente la iniciativa. La arquitecta municipal recomendó someter el proyecto a una evaluación ambiental estratégica simplificada antes de su aprobación inicial. Esto se aprobó en el pleno de febrero.
La arquitecta municipal reconoció que el proyecto implica un cambio de uso de la planta originalmente considerada como sótano, que pasaría a tener un aprovechamiento lucrativo. No obstante, su informe favorable a la evaluación ambiental advierte sobre la necesidad de valorar jurídicamente el proceso judicial abierto por la demanda contra la orden de derribo.
Impacto Visual y Propiedad del Suelo
El proyecto está en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica del Ayuntamiento. La promotora reconoce que ya existe un impacto visual debido al exceso de volumen edificado, pero argumenta que no procede evaluar los efectos de determinaciones urbanísticas ya cristalizadas.
Existe controversia sobre la propiedad del suelo que se pretende ceder. En el expediente municipal no consta ningún documento sobre la titularidad de esos 625 metros cuadrados. Un concejal de la oposición censuró que se pretenda utilizar el planeamiento urbanístico para “legalizar lo que es manifiestamente ilegal” sin acreditar la propiedad de los terrenos.
La Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club ha reclamado la paralización del expediente, alegando que elementos comunes han sido despojados sin consulta ni votación de los propietarios. La comunidad está personada en el procedimiento judicial y expresa su preocupación por la cesión de zonas comunes “sin consentimiento”.
