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La reciente recomendación del Banco Central Europeo (BCE) y de países como Suecia de mantener reservas de efectivo ha suscitado interrogantes sobre la posibilidad de un colapso digital. Sin embargo, Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura, ha enviado un mensaje tranquilizador, desvinculando la recomendación de un problema inherente al avance tecnológico.

Efectivo como medida de precaución, no señal de alarma

Preciado explica que la sugerencia de tener dinero en metálico, como las 1.000 coronas recomendadas en Suecia (menos de 100 euros), no debe interpretarse como una señal de un colapso digital inminente. Más bien, se trata de una medida de precaución ante posibles fallos puntuales en los sistemas de pago, derivados de apagones, fallos de telecomunicaciones o incluso ciberataques.

En países como Suecia, donde el efectivo representa una minoría de las transacciones, la medida busca garantizar una alternativa de pago en caso de fallos temporales en los sistemas digitales. Esta visión es compartida por la Comisión Europea y el BCE, que reconocen el efectivo como una herramienta útil para cubrir gastos diarios.

España y Extremadura: sociedades con uso extendido del efectivo

Frente a este escenario, Preciado ha transmitido un mensaje de calma para Extremadura, señalando que “España y también Extremadura en particular, pues somos sociedades con mucho efectivo”.

A diferencia de los países nórdicos, el uso de billetes y monedas sigue siendo común, especialmente entre la población de mayor edad.

Además, la región cuenta con una sólida infraestructura de respaldo, incluyendo una amplia red de cajeros automáticos y diversos formatos de pago como Bizum o tarjetas de diferentes bancos. Preciado enfatiza que la principal vulnerabilidad no reside en lo digital en sí, sino en la dependencia total de la electricidad, donde se requiere una inversión clara en la distribución.

Ciberseguridad: un pilar fundamental

La ciberseguridad es otro aspecto crucial. Preciado reveló que los intentos de ataque contra empresas e instituciones extremeñas aumentaron más del 26 % el año pasado. Sin embargo, destacó la diferencia entre los intentos y los ataques exitosos.

Para fortalecer la protección, la Junta ha impulsado el Centro de Ciberseguridad Regional y proyectos que ayudan a las empresas a evaluar su nivel de exposición y vulnerabilidad.

Según Preciado, “si una empresa o una institución no sabe en qué situación de vulnerabilidad se encuentra, no puede tomar medidas”.

El secretario general reconoció que la amenaza es constante, ya que “la parte de los malos también está avanzando mucho”. Esto exige a las administraciones y empresas mantenerse alerta e invertir en seguridad para adelantarse a los posibles ataques, especialmente en un contexto de entornos bélicos que incrementan los intentos de denegación de servicio.

El euro digital: un proyecto en marcha

El BCE avanza con el proyecto del euro digital, iniciado en 2021, con el objetivo de adaptar el sistema de pagos a una sociedad cada vez más digital. Tras una fase de investigación y el inicio de la fase de preparación en noviembre de 2023, la decisión final sobre su posible emisión se tomará en 2026.

Se trataría de una moneda digital oficial emitida por el BCE, con el mismo valor que el euro físico, diferenciándose de las criptomonedas descentralizadas como el bitcoin. La principal innovación reside en el formato, con el dinero emitido directamente por la autoridad monetaria y disponible en formato digital para ciudadanos y empresas.

El BCE asegura que el euro digital no reemplazará al efectivo, sino que coexistirá con billetes y monedas.

Entre los beneficios esperados se encuentran pagos móviles y en comercios más rápidos, transferencias instantáneas y mayor acceso a pagos electrónicos. Sin embargo, el proyecto plantea interrogantes sobre privacidad, ciberseguridad, inclusión digital y el futuro papel de los bancos comerciales.

Si se aprueba en 2026, la introducción del euro digital sería gradual y dependería de decisiones técnicas y regulatorias adicionales. Las autoridades europeas continúan trabajando en aspectos técnicos y normativos para asegurar la estabilidad y la protección de los usuarios.