Investigación por presuntas 'mordidas' en la Diputación de Almería: 43 investigados a declarar
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El juez instructor del caso ‘Mascarillas’, que investiga posibles comisiones ilegales en la contratación a través de la Diputación Provincial de Almería, ha ordenado tomar declaración a los 43 investigados que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Este informe detalla las pesquisas por presuntos amaños de contratos.
Fuentes judiciales informaron que el juez Manuel José Rey Bellot ha comunicado a las partes su decisión de citar a declarar a todos los señalados en el informe policial. Entre ellos se encuentran administradores y representantes de empresas presuntamente implicadas, en los próximos días.
Citaciones a empresarios y cargos públicos
El juez ha estimado la declaración progresiva de 33 empresarios o empleados vinculados a unas 25 empresas, así como a diez cargos públicos y familiares. Entre estos últimos, destacan el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y los exvicespresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria.
Esta decisión se toma ante el tiempo transcurrido desde las primeras diligencias, que incluyeron la detención del entonces exvicepresidente Liria y varios empresarios en junio de 2021.
Posteriormente, en octubre de 2025, se sumaron el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, el exvicepresidente segundo Fernando Giménez y el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, entre otros.
Además, se considera necesario escuchar al actual diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, para avanzar en la investigación. Esto se llevará a cabo mientras se analizan los informes sobre los volcados de los teléfonos móviles solicitados a principios de este año. No se descartan nuevas citaciones a testigos.
La UCO identifica a los investigados
En febrero, el juez solicitó a la UCO que identificara a los investigados y aclarara su presunta participación y las posibles consideraciones delictivas.
Los agentes han identificado tres ejes en la trama: la adquisición supuestamente fraudulenta de material sanitario durante la pandemia de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros, las presuntas comisiones ilegales en contratos de obras de la Diputación, y los vínculos que habrían facilitado el flujo de dinero en efectivo entre algunos involucrados, incluyendo al expresidente de la Diputación.
La UCO centra los indicios de “aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de supuesta naturaleza ilícita” en García, como presidente de la institución provincial, así como en sus dos hermanos, la sociedad familiar que gestionaban, Giménez y Liria, y el empresario Kilian L.S.
Según los investigadores, Liria habría actuado “como intermediario en el cobro de las comisiones”, percibiendo los fondos que posteriormente habría hecho llegar a los cargos públicos.
Viajes bajo sospecha
Los informes de la UCO también investigan viajes del expresidente de la Diputación financiados con dinero público, que no se corresponderían con “ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial” sino con viajes “personales”.
En particular, se investiga un viaje a Madrid financiado por la Diputación, con un coste estimado de 1.892,84 euros, realizado entre el 26 y 27 de junio de 2025 por el expresidente y una empleada de la institución.
La “justificación aparente” de este viaje era una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde García era Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.
Sin embargo, el seguimiento del viaje reveló que ninguno de los involucrados “habría estado en ningún momento en la sede de la FEMP” durante su estancia en Madrid. Se registraron estancias en hoteles, paseos por la ciudad y una cena en un restaurante.
