Koldo García agota instancias legales para evitar juicio por caso Mascarillas
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La defensa de Koldo García, ex asesor ministerial de José Luis Ábalos, ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, en un intento de evitar ser juzgado a partir del 7 de abril en el marco del caso Mascarillas. Esta acción legal busca abrir la posibilidad de un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Vulneración de derechos fundamentales
El escrito presentado alega que el auto del Tribunal Supremo del 3 de marzo, que rechazó las peticiones de la defensa para el juicio oral, vulneró los derechos fundamentales de Koldo García. Entre estos derechos se incluyen la tutela judicial efectiva, la defensa, el juez ordinario (considerando que debe ser juzgado por la Audiencia Nacional), el derecho a plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el derecho a la prueba pertinente.
La abogada Leticia de la Hoz argumenta en un documento de 56 páginas que varios hitos justificarían la anulación del auto del Supremo que autorizó el juicio contra García, Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. Los tres están acusados de cobrar comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, desde empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.
La defensa alega que han surgido nuevos hechos, como un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encuentra en una causa paralela en la Audiencia Nacional por los mismos hechos. Según la defensa, este informe demuestra que Koldo García sigue siendo investigado en ese otro tribunal.
Además, la defensa afirma no tener acceso a los dispositivos incautados durante el registro del domicilio de García en febrero de 2024, lo que les impide preparar adecuadamente su defensa. También denuncian una filtración de ‘wasaps’ personales de Koldo García a los medios, lo que, según la defensa, “vicia de nulidad todo el calendario de sesiones previsto para el mes de abril”.
Recusación de magistrados y cuestión prejudicial
La defensa también argumenta que se vulneró su derecho al juez predeterminado por la ley, al no admitirse la recusación de cinco magistrados del tribunal que juzgará a García. Cuatro de ellos habían pertenecido a la Sala de Admisión, y un quinto, Julián Sánchez Melgar, había sido fiscal general del Estado con el PP, partido que ejerce la acusación popular en la causa. La defensa considera que tratar de recusar a los magistrados en la vista de cuestiones previas era un “ejercicio legítimo del mecanismo saneador”.
En cuanto a la cuestión prejudicial al TJUE, la defensa explica que la solicitó debido a dudas sobre la correcta interpretación del derecho al juez predeterminado por la ley y el derecho a un proceso equitativo, debido a una “pérdida sobrevenida de competencia del Tribunal Supremo” en base a una sentencia del tribunal europeo. El Supremo rechazó la petición alegando que no tenía dudas sobre la interpretación de la norma.
Finalmente, la defensa denuncia que no se han admitido pruebas que consideran pertinentes para el juicio, como el careo entre Koldo García y Víctor de Aldama, la prueba del polígrafo para el empresario, y declaraciones como la de la exmujer de Aldama, el exministro de Sanidad Salvador Illa, la ex directora del CNI Paz Esteban, y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.
