ALERTA EN ESPAÑA: Deficiencias en la Supervisión de los Fondos de Recuperación Europeos
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El Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido una alerta sobre las deficiencias detectadas en España en la supervisión del Fondo de Recuperación Europeo, advirtiendo sobre las lagunas existentes en los controles de contratación pública y la eficacia del sistema antifraude.
En un informe centrado en la lucha contra el fraude dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los auditores europeos concluyen que el marco establecido para prevenir, detectar y corregir el fraude presenta carencias significativas tanto en los Estados miembros como en la arquitectura diseñada por la Comisión Europea.
Debilidades en el control en España
El informe señala que en España, el organismo de coordinación no ejerce un control activo sobre la aplicación de las medidas antifraude por parte de las entidades ejecutoras, lo que debilita la supervisión general del sistema. Además, los controles relacionados con la contratación pública no cubren la totalidad de los contratos financiados por el MRR, limitando la capacidad de verificación y dejando espacios de riesgo.
A pesar de estas críticas, el informe reconoce avances tras las auditorías comunitarias y destaca la existencia del canal nacional de denuncia ‘Infofraude’, gestionado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, como un elemento positivo para comunicar irregularidades de forma anónima y reforzar los mecanismos de alerta temprana.
Requisitos generales y falta de uniformidad a nivel europeo
Más allá de la situación en España, el Tribunal de Cuentas Europeo advierte que los requisitos antifraude establecidos en la normativa del Mecanismo de Recuperación, dotado con 650.000 millones de euros, son demasiado generales y no definen con suficiente precisión el alcance mínimo de las comprobaciones que deben realizar las autoridades nacionales.
Los auditores también alertan sobre la falta de criterios uniformes para notificar los casos de presunto fraude a la Comisión Europea, así como la existencia de datos incompletos e incoherentes entre los diferentes países. Esta situación dificulta la evaluación real del problema y la orientación eficaz de las medidas correctoras.
Riesgos en la recuperación de fondos
Un punto especialmente sensible del informe se centra en la recuperación de fondos. A diferencia de otros programas europeos, los Estados miembro no están obligados a reintegrar al presupuesto comunitario los importes que recuperen de beneficiarios implicados en fraude, a menos que la Comisión Europea considere insuficientes esas actuaciones.
Dado que una parte significativa de las inversiones se ejecutará en la fase final del instrumento, el Tribunal advierte del riesgo de que posibles casos de fraude se confirmen una vez que el sistema de notificación haya concluido, lo que podría dificultar el seguimiento y la recuperación efectiva de los fondos.
Según datos de la Fiscalía, desde la puesta en marcha del MRR se han investigado 307 casos de fraude vinculados a este instrumento, una cifra que, según los auditores, subraya la necesidad de reforzar las salvaguardias en futuros programas europeos de gran volumen financiero.
La respuesta de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha recibido favorablemente el informe de los auditores y, aunque coincide en términos generales con las conclusiones, discrepa de algunas valoraciones. La Comisión sostiene que los sistemas nacionales examinados están, en general, bien diseñados para detectar actividades fraudulentas y cuentan con políticas antifraude y canales de denuncia operativos.
En relación con la notificación de casos sospechosos, la Comisión reconoce que puede haber margen de mejora y anuncia que actualizará sus orientaciones para precisar el momento y la información que deben comunicar los Estados miembro, en el marco de las directrices sobre la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación.
Sobre la recuperación de fondos, el Ejecutivo comunitario recuerda que los Estados miembro están legalmente obligados a corregir y recuperar los importes indebidamente utilizados y a notificar los casos sospechosos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y a la Fiscalía Europea, incluso después de la finalización formal del mecanismo.
La Comisión subraya que mantiene el derecho a efectuar verificaciones y auditorías durante un período de hasta cinco años tras el último pago y advierte de que, cuando un país no corrija adecuadamente casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, adoptará las medidas correctoras pertinentes, incluidas posibles reducciones financieras.
