El ayuntamiento de Alicante se ha convertido en el séptimo de la Comunidad Valenciana en asumir las competencias sancionadoras en viviendas turísticas, según ha informado este martes la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

La titular de la conselleria, Marián Cano, ha destacado que la adhesión formal del consistorio alicantino supone un avance en el programa de colaboración con los ayuntamientos para reforzar el control de las viviendas de uso turístico y luchar contra la economía sumergida en el sector.

Con esta incorporación, ya son siete los municipios con competencias delegadas: València, Faura, la Font d’en Carròs, Benidorm, Piles, Ayora y Alicante. Esta colaboración se articula mediante un convenio marco suscrito con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Cano ha señalado que “el Ayuntamiento de Alicante puede ya iniciar el ejercicio de estas competencias”, y ha recordado que el objetivo es “lograr una actuación más ágil, eficaz y cercana frente a posibles irregularidades”.

La consellera ha subrayado que este modelo de colaboración “refuerza la coordinación entre administraciones y mejora la capacidad de control desde el ámbito local” y ha asegurado que desde la Generalitat seguirán impulsándolo para garantizar un “desarrollo ordenado, legal y sostenible de las viviendas de uso turístico”.

En paralelo, la consellera ha puesto en valor el proceso de depuración del Registro de Turismo de la Comunidad Valenciana, que se está llevando a cabo tras la aprobación en 2024 de la Ley Autonómica de Viviendas de Uso Turístico.

Como resultado, ha detallado que solo en 2025 se han dado de baja más de 18.300 viviendas de uso turístico que no cumplían la normativa.

Además, ha añadido que durante 2026 el proceso continúa con la tramitación de la baja de otras 11.000 viviendas adicionales.

Según ha destacado, esta normativa y la actualización del registro “están favoreciendo la legalidad, el control del intrusismo y un modelo turístico más equilibrado”, al tiempo que “contribuyen a evitar la saturación, proteger los barrios y preservar la calidad de vida de la ciudadanía”.