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CAMBIOS EN LA LEY DE VIVIENDA PROTEGIDA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: IMPLICACIONES Y CONTROVERSIA
Una modificación en la legislación sobre Viviendas de Protección Pública (VPP) en la Comunidad Valenciana, impulsada por el gobierno de Carlos Mazón, ha generado controversia y debate. El decreto del 10 de diciembre de 2024 establece un plazo “máximo” de protección para las VPP de gestión privada, que oscila entre 15 y 30 años. Esto contrasta con la normativa anterior, que apostaba por el carácter “permanente” de la protección, tanto para viviendas de promoción pública como privada.
La medida implica que, transcurrido este plazo, los terrenos destinados a VPP podrán ser revalorizados y pasar al mercado libre, lo que reducirá el parque de viviendas protegidas. Esta situación afecta directamente a promociones como la polémica urbanización de 140 viviendas en la playa de San Juan, Alicante, donde varios cargos del Ayuntamiento, gobernado por Luis Barcala (PP), han adquirido inmuebles.
Dimisiones y acusaciones de irregularidades
El caso de la urbanización en Alicante ha desencadenado un terremoto político, con la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman. Se ha revelado que familiares de ambas funcionarias, así como un arquitecto municipal, también adquirieron viviendas en la promoción.
Mientras tanto, la Conselleria de Vivienda ha suspendido de empleo y sueldo a un técnico funcionario encargado de revisar las solicitudes para las VPP en Alicante, tras detectarse irregularidades en la adjudicación de una vivienda a su esposa, arquitecta del Ayuntamiento.
Argumentos a favor y en contra de la modificación legal
Desde la Conselleria de Vivienda defienden la modificación legal argumentando la necesidad de ofrecer condiciones atractivas a los operadores privados para incentivar la construcción de VPP. Según el gobierno valenciano, las condiciones “excesivamente rígidas” impuestas por el anterior gobierno autonómico resultaron en una escasa construcción de viviendas protegidas en los últimos ocho años.
Por otro lado, la oposición critica la medida y advierte sobre el riesgo de desprotección de los ciudadanos con menos recursos. El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, alegando la posible comisión de varios delitos, como prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y estafa. La denuncia señala que la modificación legal aprobada por el Ayuntamiento de Alicante en febrero de 2025 beneficiaría directamente a los compradores de las VPP.
Compromís también ha solicitado la creación de una comisión de investigación en Les Corts Valencianes para analizar la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante, incluyendo aquellas que han terminado en manos de personas vinculadas al PP.
Aumento de los límites de renta y precio de las VPP
El decreto aprobado por la Generalitat Valenciana en 2024 también eleva el límite de renta para acceder a una VPP, fijándolo en 54.600 euros (con posibilidad de llegar a 66.000 euros cumpliendo ciertos requisitos). Asimismo, se incrementa el precio máximo del metro cuadrado de la vivienda protegida en 200 euros, hasta alcanzar los 2.400 euros.
En el caso de las viviendas de la promoción de Alicante, su precio oscila entre 200.000 y 230.000 euros, en una zona donde viviendas similares en el mercado libre alcanzan los 350.000-400.000 euros.
