Castilla y León exige al Gobierno ampliar la zona catastrófica por las graves borrascas de febrero

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado solicitar formalmente al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil. Esta petición abarca a todas las provincias de la Comunidad que sufrieron el impacto de las borrascas ocurridas entre el 7 y el 12 de febrero de 2026, ampliando así una solicitud previa que cubría los daños registrados hasta el día 7.

Leonardo,
Marta y ahora Nils, el paso de las borrascas por Castilla y León han
dejado ya más de 1.500 incidencias, más de la mitad, unas 620 por
la nieve.

Pero además, unas 460 por viento y 250 por lluvia,
con especial incidencia en las provincias de León y Salamanca.

Durante ese periodo, una sucesión de borrascas de alto impacto ha provocado descensos térmicos significativos, nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Estos fenómenos han causado daños considerables en viviendas, enseres, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, así como en infraestructuras municipales y redes viarias.

El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno ha explicado que han registrado daños en “bienes de carácter público” como  infraestructuras, de carreteas, pavimentación,  alumbrado, pero también sobre algunas de “carácter privado”, familias, viviendas y en empresas y también en el sector agrícola y ganadero.

“La declaración es básica para la toma de  luego posteriormente de las decisiones que puedan corresponder y el cauce para las ayudas”, explicaba. 

Las autoridades autonómicas consideran que la situación constituye una catástrofe en los términos definidos en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, ya que los daños superan los medios de los que dispone la propia Administración autonómica. De hecho, la magnitud de la emergencia obligó a activar el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCYL).

Con esta declaración, la Junta pretende que el Gobierno central adopte las medidas contempladas en la ley para asegurar la recuperación económica y social de las zonas afectadas.

Esto incluye la compensación por los daños y el reembolso a las corporaciones locales por los gastos de las actuaciones inaplazables que tuvieron que acometer.

Paralelamente, el Consejo de Gobierno ha declarado como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los continuos fenómenos meteorológicos adversos que se han registrado desde el pasado mes de noviembre. Esta declaración es el primer paso para adoptar acciones que respondan a las necesidades del sector agrario.

“Esta declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados desde noviembre que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo, saturación de suelo, imposibilidad de que la maquinaria pueda entrar en las parcelas, dificultades para la realización de siembras, abonados y tratamientos o incremento de riego de compactación”, justificaba el portavoz de la Junta. 

Las continuas lluvias desde noviembre han provocado la saturación del suelo, impidiendo la entrada de maquinaria en las parcelas.

Esto ha dificultado las labores de siembra, abonado y tratamientos, además de incrementar el riesgo de compactación del terreno y la asfixia radicular de los cultivos.

Gracias a esta medida, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural analizará la existencia de un “fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación”, según la normativa europea. El objetivo es implementar acciones para paliar los perjuicios, entre las que destaca la flexibilización de los requisitos de las ayudas de la PAC.