Costa Rica Utilizó Fábrica Donada para Recluir a Migrantes Deportados por Trump
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El gobierno de Costa Rica ha sido acusado de dar un uso indebido a una fábrica donada por Faber-Castell, el mayor fabricante de lápices del mundo. La empresa alemana donó las instalaciones con fines humanitarios, pero aparentemente fueron utilizadas para recluir a solicitantes de asilo deportados por la administración Trump en 2025.
Faber-Castell, con una producción global de más de 2.000 millones de lápices de madera al año, operaba una fábrica en el sur de Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá. Tras su cierre en 2013, la empresa donó las instalaciones al gobierno costarricense en 2018, especificando que debían utilizarse como refugio para ofrecer alojamiento y asistencia humanitaria a migrantes.
Sin embargo, el uso de las instalaciones cambió el año pasado, cuando comenzaron a encerrar personas en el lugar. Faber-Castell afirma no haber tenido conocimiento de esta situación hasta que fue contactada por The Guardian en enero.
La donación de la fábrica en 2018 se produjo tras el aumento de nicaragüenses que huían a Costa Rica debido a la represión en su país. El contrato establecía que el inmueble se utilizaría para “albergar un refugio para el cuidado de migrantes sin posibilidad de cambiar el propósito de la propiedad”.
Aunque no hay indicios de que los nicaragüenses alojados en la fábrica estuvieran en régimen de detención, la situación cambió cuando Costa Rica encerró a 200 personas deportadas desde Estados Unidos en las instalaciones, ahora conocidas como el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM).
Faber-Castell expresó su desconocimiento de las detenciones en el CATEM: “En el contrato acordamos y estipulamos que el edificio se convertiría en un centro de ayuda humanitaria para refugiados, bajo ninguna circunstancia se acordó que fuera usado como prisión”, señalaron representantes de la filial brasileña de la empresa.
De EEUU a Costa Rica
Costa Rica aceptó recibir a 200 personas deportadas de Estados Unidos a finales de febrero de 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el inicio de su campaña contra la inmigración.
Los deportados no eran costarricenses; provenían de lugares como Rusia, África y Asia. Fueron trasladados encadenados al CATEM, en Puntarenas, a seis horas de San José.
Las personas deportadas, incluyendo a más de 70 niños, fueron detenidas allí durante al menos dos meses. En junio de 2025, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica dictaminó que se les había privado “de su derecho a la libertad”. El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica negó categóricamente esta afirmación.
Faber-Castell manifestó su preocupación por la situación: “Nos preocupa profundamente que, según se informa, haya personas detenidas en nuestra antigua fábrica… No teníamos conocimiento de este uso indebido hasta que The Guardian se puso en contacto con nosotros”.
La privación arbitraria de la libertad de las personas que permanecen en el CATEM (…) sin acceso a información, sin control judicial (…), también genera un riesgo de desaparición forzada.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
Human Rights Watch (HRW) visitó las instalaciones y entrevistó a algunos de los deportados. Su informe concluyó que los migrantes habían sido recluidos durante meses, a pesar de que las instalaciones estaban “claramente destinadas a estancias de solo unos días” y que “ningún fundamento jurídico justificaba su detención”.
El Ministerio de Seguridad Pública respondió a las acusaciones argumentando que los migrantes deportados requerían visado para entrar en Costa Rica y que se les permitió la entrada por razones humanitarias. Afirmaron que las medidas de inmigración tomadas buscaban proteger a las personas vulnerables de redes de trata y tráfico ilegal.
“Estábamos detenidos sin nuestros pasaportes”
Un hombre ruso de 37 años, identificado como Alexander, relató que su cita para solicitar asilo en Estados Unidos fue cancelada y que fue deportado junto a su familia a Costa Rica, donde terminaron en el CATEM.
“En las primeras semanas perdí 15 kilos y mi familia estaba enferma, así que empecé a preguntarme por qué no teníamos libertad”, dijo Alexander. “Allí estábamos detenidos sin nuestros pasaportes; algunas personas querían marcharse y no nos dejaban salir”.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema dictaminó que la “detención en un centro no destinado para estos fines conjugado con una privación de libertad ilegítima por parte de las autoridades migratorias, sumada a la falta de acceso a información y asistencia legal, constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales”.
Las instalaciones del CATEM tienen capacidad para 300 personas. Hasta ahora, en 2026, han pasado por allí 60 personas. Según datos del gobierno costarricense, el 28 de enero no había ningún migrante en la antigua fábrica.
