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Contrario a la creencia popular, la ley española permite el desalojo de un inquilino por el impago de una sola mensualidad de la renta. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es clara al respecto: no es necesario acumular varios meses de deuda para iniciar el proceso legal de recuperación de la vivienda.

El Impago de la Renta: Motivo Suficiente para el Desalojo

En un contexto donde los precios del alquiler continúan en aumento, esta disposición legal cobra especial relevancia. Un porcentaje significativo de inquilinos enfrenta dificultades para cumplir con el pago puntual del alquiler. Datos recientes indican que la deuda media de los arrendatarios morosos ha aumentado, representando varios meses de impago.

El artículo 27 de la LAU faculta al propietario a resolver el contrato de arrendamiento ante la falta de pago de la renta o de cualquier otra cantidad que el arrendatario deba asumir.

Esto significa que, desde el primer incumplimiento, el arrendador puede acudir a los tribunales para solicitar la finalización del contrato, siempre que pueda demostrar fehacientemente el impago.

Pasos a Seguir Ante el Impago

Si bien la ley ampara al propietario, se recomienda intentar una solución amistosa antes de iniciar un proceso judicial. El envío de un burofax al inquilino es una práctica habitual, ya que proporciona constancia legal del requerimiento de pago. En esta comunicación, se suele otorgar un plazo para que el arrendatario salde la deuda pendiente.

Si transcurrido un tiempo prudencial el inquilino no realiza el pago ni muestra intención de hacerlo, el propietario puede iniciar el procedimiento de desahucio. Este proceso requiere la intervención de un abogado y un procurador, quienes se encargarán de redactar y presentar la demanda judicial.

El Proceso Judicial

Una vez admitida la demanda, el juzgado notifica al inquilino, quien dispone de un plazo para responder.

Si el inquilino se opone a la demanda, se fijará una fecha para el juicio. En caso contrario, el juzgado emitirá directamente la orden de desahucio y la reclamación de la deuda.

Este marco legal busca proteger a los propietarios ante la morosidad, un problema que genera inseguridad en el mercado del alquiler. La estabilidad y la confianza en el sector del arrendamiento son fundamentales para garantizar el acceso a la vivienda.