Drama Habitacional en Gran Canaria: Madre e Hijo al Borde del Desahucio

Drama Habitacional en Gran Canaria: Madre e Hijo al Borde del Desahucio
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Drama Habitacional en Gran Canaria: Madre e Hijo al Borde del Desahucio

Ana María, madre soltera y residente de Gran Canaria, ha denunciado públicamente su desesperada situación ante la inminente pérdida de su hogar. Tras dos décadas residiendo en la misma vivienda bajo un contrato de renta antigua, se enfrenta a la decisión del propietario de recuperar la propiedad, lo que la coloca a ella y a su hijo en una posición de extrema vulnerabilidad.

“Me siento discriminada”, declaró Ana María, argumentando que su condición de mujer, madre soltera, trabajadora autónoma y persona con recursos limitados juega en su contra al buscar una nueva vivienda.

La alta demanda permite a los propietarios elegir inquilinos con mayor estabilidad económica, dejando a familias como la suya sin opciones.

El Aumento de los Alquileres, un Obstáculo Infranqueable

Actualmente, Ana María paga menos de 500 euros mensuales gracias a su contrato antiguo. Sin embargo, el precio de alquiler de un piso similar en la misma zona ya supera los 800 euros, una cifra que considera “inasumible”.

También lamentó que algunos propietarios opten por alquilar a extranjeros con mayor poder adquisitivo, priorizando el beneficio económico sobre la estabilidad de las familias locales.

La Desesperanzadora Respuesta de los Servicios Sociales

En busca de ayuda, Ana María acudió a los Servicios Sociales, pero la respuesta fue alarmante. Según su relato, una trabajadora social le advirtió que, en caso de desahucio, “mi hijo se iría a un centro de menores y yo a la calle”.

Esta situación refleja la falta de soluciones reales para las familias en riesgo de exclusión social.

Una Realidad Compartida por Muchos

Ana María enfatizó que su caso no es único, sino que representa la difícil situación de un amplio sector de la sociedad que se encuentra en un “limbo” residencial. Criticó que las ayudas para “vivienda asequible” requieran ingresos mínimos superiores al salario mínimo, excluyendo a pensionistas y familias con bajos recursos.

Denunció que la especulación inmobiliaria y el auge de las viviendas vacacionales están “expulsando de los barrios” a los residentes de toda la vida.