
Las galerías de arte contemporáneo de toda España han decidido echar el cierre esta semana como una contundente medida de protesta. Reclaman al Gobierno una rebaja del IVA cultural, que actualmente se sitúa en el 21%, una cifra muy superior a la de otros países europeos y que, denuncian, las coloca en una clara situación de desventaja competitiva.
Frederic Pinya, de la galería Pelaires de Palma, califica la acción como “una medida ya de contención” tras más de diez años de negociaciones.
Pinya subraya la incoherencia del sistema fiscal: mientras que en los libros es un 4% y en el cine es un 10%, o si se compra directamente al artista es también del 10%, en una galería se aplica el tipo general del 21%.
El galerista argumenta que esta política fiscal anula los altavoces que son las galerías para la promoción del arte. “Protegemos al artista con el 10%, pero asfixiamos a las galerías, que somos los altavoces”, lamenta Pinya.
Pinya estructura su reclamación en tres puntos clave.
El primero es la democratización del IVA, pues el tipo actual “castiga mucho al comprador novel y pone barreras al ciudadano medio” para acceder al coleccionismo de arte.
El segundo argumento es la necesidad de proteger el ecosistema, ya que, como afirma, “si no hay galerías fuertes, no hay carreras artísticas sólidas”. Finalmente, apela a la soberanía cultural, pues con un IVA más bajo en Francia o Italia, las obras y el mercado se desplazan hacia allí, generando una “gran desventaja” para España.
El galerista recuerda que la rebaja del IVA cultural de 2017 dejó fuera a las galerías y destaca el papel del sector en el I+D+i cultural.
En desarrollo, porque “sostiene una cadena de empleo amplia” (transportistas, comisarios, etc.), y en innovación, porque el arte es pilar de la marca país que “atrae turismo de calidad”.
Como ejemplo de este potencial, Pinya señala el éxito de la exposición Paisaje Miró en La Lonja de Palma, que ha recibido casi 400.000 visitantes. “Estos son datos obvios de que se pueden cambiar las cosas”, afirma.
El cierre es la última de una serie de acciones, que han incluido manifiestos o el apagón de luces en ferias el año pasado.
Según Pinya, han mantenido numerosas reuniones, pero la respuesta de los políticos locales es que “todo depende de Madrid”.













