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El intento fallido de una empleada por cobrar el paro tras provocar su despido
Una trabajadora ideó un plan para ser despedida y así poder cobrar la prestación por desempleo. Su estrategia consistía en ausentarse reiteradamente de su puesto de trabajo sin justificación, esperando que la empresa tomara la decisión de despedirla. La empresa, efectivamente, procedió al despido y le notificó el cese.
Confiada en cumplir con los requisitos, la empleada solicitó de inmediato la prestación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Sin embargo, la administración detectó que el despido no había sido involuntario y actuó en consecuencia.
SEPE detecta la irregularidad y suspende la prestación
El organismo público identificó rápidamente las irregularidades en la solicitud.
Tras verificar que las ausencias habían sido intencionadas y que el despido había sido provocado deliberadamente, el SEPE no solo suspendió el pago de la prestación por desempleo, sino que también exigió a la trabajadora la devolución de todo el dinero que había recibido hasta ese momento.
La abogada laboralista Estela Martín explica que, en estos casos, se considera una baja voluntaria, lo que no da derecho a la prestación por desempleo, obligando a la devolución de lo cobrado.
La justicia falla en contra de la trabajadora
Insatisfecha con la decisión del SEPE, la afectada llevó su caso a los tribunales. No obstante, cometió un error crucial: impugnó la resolución del SEPE, pero no el despido en sí mismo.
Este detalle resultó determinante para el resultado del caso. Al no cuestionar la legalidad del despido, los jueces interpretaron que la trabajadora había aceptado que su cese se debió a su propio comportamiento.
El sistema de prestaciones protege el desempleo involuntario
El sistema de prestaciones por desempleo está diseñado para amparar a aquellos que pierden su empleo de manera involuntaria. Si bien la trabajadora había cotizado mensualmente, el derecho a recibir la prestación está condicionado a que el cese no sea voluntario.
La ley considera como baja voluntaria cuando un empleado abandona su puesto de trabajo por decisión propia o provoca su despido intencionadamente.
Por lo tanto, no se cumplen los requisitos para acceder a la protección por desempleo.
El resultado para la trabajadora fue nefasto: no solo perdió el derecho a seguir percibiendo la prestación, sino que también tuvo que reintegrar todo el dinero que había recibido. Una decisión que, en principio, buscaba beneficiarse del sistema, terminó generando importantes consecuencias económicas y legales.
Importancia del asesoramiento profesional
Este caso pone de manifiesto los riesgos de intentar engañar al sistema de protección social sin el debido asesoramiento. Las cotizaciones durante la vida laboral no garantizan automáticamente el derecho al paro si el cese no cumple con los requisitos legales.
El caso ha suscitado debate en redes sociales, donde algunos cuestionan si un trabajador que ha estado cotizando debería perder sus derechos tras un despido formal. Sin embargo, la jurisprudencia es clara: la causa del despido y la voluntad del trabajador son elementos fundamentales para acceder a la prestación por desempleo.
La sentencia sienta un precedente y advierte que intentar eludir las normas laborales puede acarrear graves consecuencias económicas.
Lo que parecía un atajo hacia una prestación asegurada se convirtió en una costosa lección sobre la importancia de actuar dentro del marco legal.
