Escándalo de Vivienda Protegida en Alicante: Civilización contra Barbarie
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La gestión de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) por parte del Partido Popular en Alicante ha desatado indignación tanto en el sector público de la vivienda como entre los ciudadanos, generando cuestionamientos sobre la integridad y transparencia en la asignación de estos recursos.
Competencias Autonómicas y la Dispersión Jurídica
Si bien el Tribunal Constitucional ha reconocido la competencia de las Comunidades Autónomas para definir su política de vivienda y el régimen jurídico de la VPO, ha negado la existencia de un marco legal común para las 17 modalidades de VPO en España. Esta falta de uniformidad jurídica perjudica el acceso a los derechos ciudadanos, ya que depende de la región de residencia y de la probidad de las autoridades autonómicas y locales.
Un Contraste con Otras Comunidades
En contraste con la situación en Alicante, en comunidades como el País Vasco, Navarra y Cataluña, la VPO se caracteriza por ser siempre protegida, sin posibilidad de ser vendida en el mercado libre. La adjudicación se realiza mediante registros y procedimientos públicos que garantizan transparencia, libre concurrencia y políticas de discriminación positiva para situaciones socioeconómicas vulnerables.
Características de la VPO en Comunidades como Navarra, País Vasco y Cataluña
En estas comunidades, la VPO mantiene su carácter protegido independientemente de su titularidad (pública o privada), del tipo de suelo sobre el que se construya o de si recibe o no ayudas públicas. Tanto el acceso inicial como cualquier transferencia posterior (alquiler, venta o herencia) están sujetos a autorización administrativa, con control de precios máximos y requisitos para los aspirantes. Las administraciones tienen derecho de compra preferente y cuentan con servicios de inspección y sanción.
La VPO como Infraestructura Público-Privada
Este modelo de VPO se concibe como una infraestructura público-privada al servicio de la sociedad, donde la vivienda puede ser asequible y disfrutarse en diversas modalidades de propiedad. La gestión puede ser realizada por entidades privadas con o sin ánimo de lucro, pero sin que nadie se enriquezca a costa de la VPO. Además, se busca integrar la VPO en diversos barrios, no solo en los de menores recursos.
Irregularidades en la VPO de Alicante
La adjudicación fraudulenta de VPO en Alicante a personas afiliadas o cercanas al PP ha generado indignación. También preocupa la práctica de regalar suelo público a entidades privadas en lugar de mantener la propiedad pública y cederlo en derecho de superficie a promotores que construyan VPO que no pueda ser vendida en el mercado libre.
Especulación y Falta de Control
Además, se denuncia que la VPO en Alicante se vende desde el primer día al doble de su precio máximo y se alquila al triple, y que tras un corto período de tiempo puede ser vendida o alquilada libremente en el mercado. La falta de inspección y sanción de incumplimientos y fraudes agrava la situación.
Consecuencias y Posibles Soluciones
Ante esta situación, se exige que los responsables de estas irregularidades sufran las consecuencias de sus actos, incluyendo la pérdida de cargos, multas y la devolución de las VPO adquiridas injustamente. Se lamenta que la Ley 12/2023, que intentaba limitar la descalificación de la VPO, no haya contado con el respaldo necesario.
Protección contra la Indecencia Colectiva
Se argumenta que el acceso a los derechos ciudadanos no puede depender de la decencia del cuerpo electoral y sus representantes en un territorio determinado, sino que cada persona debe estar protegida legalmente contra la indecencia colectiva territorial.
Civilización o Barbarie: La Disyuntiva en la Política de Vivienda
En materia de VPO, se plantea una clara disyuntiva entre civilización y barbarie, con una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y los poderes del Estado. Se critica la promesa del Alcalde Barcala de investigar las adjudicaciones si encuentra irregularidades, y se insta al electorado alicantino a retirar el apoyo al latrocinio particular y a respaldar el interés general.
