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EXDIRIGENTE DEL PSOE PIDE URGENTE INFORME PATRIMONIAL EN CASO KOLDO
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado al juez Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue sin demora el informe sobre su patrimonio.
En un escrito de seis páginas, la defensa de Cerdán argumenta que, pese a que la investigación patrimonial fue autorizada el 20 de junio del año pasado, el informe policial aún no ha sido presentado, lo que consideran una “grave afectación” de la presunción de inocencia de su cliente.
Negación de acusaciones: Los abogados de Cerdán refutan las afirmaciones contenidas en autos judiciales que implican a su representado en la recepción de al menos 4.500.000 euros y en la propiedad del 45% de Servinabar, empresa que, según la investigación, funcionaría “como pantalla para el cobro de sobornos procedentes de adjudicaciones de obra pública”.
La defensa alega que estas afirmaciones, provenientes de “autoridades públicas que (…) gozan de amplia credibilidad”, se consolidan en la opinión pública “como verdad oficial a pesar de no gozar de material apto destinado a probar la culpabilidad” de Cerdán. Esto, según sus abogados, asienta en la “opinión pública la ‘verdad oficial’ de su supuesta corrupción, sin posibilidad de defensa alguna”.
Por ello, consideran “ineludible” que se requiera a la Guardia Civil para que aporte el informe patrimonial “a la mayor brevedad posible”.
Vulneración de la presunción de inocencia: La defensa advierte que referirse a Santos Cerdán como culpable antes de completar los actos procesales vulnera la directiva europea sobre presunción de inocencia.
Solicitud al juez: Con estos argumentos, la defensa reclama al juez que proteja la presunción de inocencia de Cerdán y, en consecuencia, impulse la presentación del informe patrimonial.
Cerdán fue puesto en libertad el 19 de noviembre tras pasar casi cinco meses en prisión preventiva, donde ingresó por indicios de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y ante el riesgo de que destruyese pruebas.
El juez consideró que ese riesgo había disminuido tras los registros practicados a raíz del informe de la UCO sobre la relación entre Acciona y Servinabar, sociedad vinculada a Cerdán.
