GOBIERNO ESPAÑOL CRITICA LA LEY DEL SUELO VALENCIANA POR "ESPECULATIVA
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El Gobierno de España ha manifestado su preocupación y desacuerdo con el anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, publicado el 8 de enero en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). A través de alegaciones presentadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se considera que la normativa propuesta es “especulativa” e incluso “presuntamente inconstitucional”.
Las críticas se centran en que la ley, a juicio del Gobierno central, favorece la especulación inmobiliaria al permitir la construcción de viviendas públicas en zonas no urbanizables, lo que implicaría “situar las viviendas públicas en los peores suelos”.
Preocupación por la construcción en suelo no urbanizable
El Ministerio de Vivienda alega que la normativa valenciana está basada en un modelo que ignora “la exigencia constitucional de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Señalan que la ley permite la construcción de viviendas en suelos no urbanizables mediante la aprobación de un Plan Especial de iniciativa pública, lo cual consideran “llamativo y chocante en un territorio recientemente azotado por catástrofes naturales”.
Según el Gobierno, esto implica una clara intención de “limitar al máximo los posibles suelos no urbanizables en favor de los urbanizables”, favoreciendo los intereses del sector privado en detrimento de la vivienda pública.
Críticas a los Proyectos de Interés Autonómico (PIA)
El Ministerio también cuestiona la figura de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA), considerándolos “instrumentos de pura inversión especulativa”. Advierten que estos proyectos no están obligados a ser compatibles con la dimensión territorial y ambiental, pudiendo llevarse a cabo en todo tipo de suelos, incluso no urbanizables protegidos o de infraestructura verde.
Inseguridad jurídica y reducción de suelo para equipamientos
Otra de las preocupaciones del Gobierno es la falta de seguridad jurídica, ya que algunas cuestiones quedan pendientes de desarrollo reglamentario. Consideran que esto “deslegaliza una parte importante de la regulación, sustrayendo cuestiones esenciales del debate parlamentario”.
Asimismo, critican la reducción de suelo dotacional en determinados desarrollos urbanísticos, lo que podría afectar la calidad urbanística y la disponibilidad de servicios esenciales como centros escolares, médicos y bibliotecas. También señalan que se reduce a la mitad el porcentaje de aprovechamiento de suelo que corresponde a los ayuntamientos, limitando su capacidad para construir viviendas de protección pública.
Excesivo poder a entidades colaboradoras urbanísticas
El Ministerio de Vivienda también alerta sobre el excesivo poder que se otorga a las entidades colaboradoras urbanísticas, lo que podría generar “excesos urbanísticos” al convertir a entidades privadas en “juez y parte” de los procesos de urbanización. Consideran que se está promoviendo una “especulación institucional” al permitir iniciar obras con una simple declaración responsable, sin exigir un proyecto definitivo ni una revisión administrativa previa.
En resumen, el Gobierno de España considera que la Ley del Suelo valenciana promueve intereses especulativos, suprime controles administrativos y perjudica el derecho a una vivienda digna y adecuada.
