Igualdad vetará a entidades no abolicionistas de ayudas contra la violencia machista
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El Ministerio de Igualdad planea modificar las bases de dos subvenciones públicas para que solo puedan acceder a ellas las asociaciones que se declaren abolicionistas de la prostitución. La medida busca, según el ministerio, “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas y alinear las políticas públicas con la perspectiva de género y el abolicionismo.
Requisito: reconocer la prostitución como violencia contra las mujeres
Las órdenes ministeriales en fase de audiencia pública hasta este lunes, exigen a las entidades que quieran optar a las subvenciones que reconozcan “expresamente” la prostitución como “forma de violencia contra las mujeres” en sus estatutos o que acrediten experiencia en este ámbito. Las subvenciones afectadas son las destinadas a programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y a programas de apoyo a víctimas de trata.
Además de este nuevo requisito, se añaden otras condiciones relacionadas con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, incluyendo “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.
Justificación del Ministerio de Igualdad
El Ministerio justifica estos cambios tras un “proceso interno de evaluación” que ha constatado la necesidad de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. Según Igualdad, las modificaciones buscan “garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”.
El ministerio argumenta que es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La inclusión de la prostitución se considera clave para lograr este último objetivo.
Oposición a la medida
La intención de Igualdad ha generado oposición por parte de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y preguntas parlamentarias de Sumar. El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) y otros colectivos denuncian que la medida introduce una “imposición ideológica” y “conculca” la seguridad jurídica al equiparar la prostitución con otras formas de violencia “claramente tipificadas como violencia”.
Las alegaciones señalan que la prostitución no está tipificada como delito en España ni existe una definición legal estatal que la califique como violencia de género. Consideran que el Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador.
Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones en el mismo sentido, alertando de que este cambio dejaría fuera a asociaciones feministas con diferentes posturas sobre la prostitución. Sumar ha expresado dudas sobre la legalidad de la modificación y su posible impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
El ministerio afirma que “se revisarán” las objeciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”.
