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Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha destapado posibles irregularidades en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), específicamente en la adjudicación de un contrato y en cinco procesos selectivos para altos cargos. A pesar de la insistencia de políticos y medios de comunicación, incluyendo solicitudes formales a través de la plataforma de transparencia del Estado, la APV ha mantenido el documento en secreto desde junio del año anterior.
Incluso la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, consejera del organismo, vio denegada su solicitud de acceso al informe por parte de la APV, argumentando que la información era “confidencial, para uso exclusivo interno y no podrá revelarse a terceros”.
Esta postura contrasta con la reciente resolución del Consejo de Transparencia, que dictaminó que el informe de la IGAE es “información pública” y debe ser facilitado, previa anonimización de los datos personales. Sin embargo, la APV ha recurrido esta resolución ante la Audiencia, manteniendo su negativa a la publicación.
Ante esta situación, y en aras del derecho a la información, se ha optado por hacer público el contenido del informe, debidamente anonimizado.
Un Contrato y Cinco Procesos de Selección Bajo la Lupa
El informe de la IGAE, además de señalar retrasos en la retribución de los empleados, pone de relieve la inoperancia del nuevo organigrama en materia de recursos humanos, cuyas competencias han sido asumidas por la presidenta, Mar Chao. También destaca posibles restricciones a la pública concurrencia en un contrato y en los procesos selectivos de cinco plazas de dirección.
Según el informe, “las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.
En concreto, se señala que en febrero de 2024, el consejo de administración de la APV aprobó la delegación de determinadas competencias en materia de personal y organización en la Presidenta y el Director General. La IGAE indica que los Planes de Empresa revelan “debilidades en materia de Recursos Humanos”, sugiriendo la necesidad de un refuerzo del departamento, lo que no se observa en el organigrama actual.
Estas modificaciones coinciden con el contrato de Apoyo a la Gestión de Personas, adjudicado inicialmente a András Abogados por 160.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, este contrato fue posteriormente anulado por la APV a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consideró que el requisito de experiencia previa limitaba la competencia.
Las Cinco Contrataciones Cuestionadas
El informe también analiza los procesos de contratación, destacando que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. Se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación.
Entre los requisitos cuestionados se encuentran la exigencia de haber trabajado en puestos de dirección en una empresa de la comunidad portuaria de Valenciaport, la posesión de la doble licenciatura en Derecho y Administración de Empresas, y la experiencia en empresas con un volumen de facturación superior a 29.000 millones de euros. La IGAE considera que estas exigencias son restrictivas y podrían favorecer a candidatos específicos.
En resumen, la Intervención concluye que “no existe un criterio común para dicha valoración” y que, en varias plazas, solo uno o dos candidatos superan la fase previa del proceso selectivo. Por lo tanto, “podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.
Asimismo, se ha detectado la falta de Declaraciones de Ausencia de Interés (DACI) firmadas por los miembros del tribunal en algunos procesos selectivos.
La APV Defiende la Legalidad de los Procesos
En sus alegaciones, la APV se manifiesta contraria a las conclusiones del informe, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y que los requisitos exigidos están justificados y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
