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Jubilados con largas carreras de cotización sufren recortes en sus pensiones
Un considerable número de jubilados en España, aproximadamente medio millón, se enfrenta a una reducción vitalicia en sus pensiones a pesar de haber cotizado durante extensos periodos. Este es el caso de Laura Allue, quien, tras 44 años de contribuciones a la Seguridad Social, experimenta un recorte del 26% en su pensión tras una jubilación anticipada forzosa.
Una situación común y considerada injusta
La historia de Laura refleja la realidad de muchos trabajadores de su generación.
Comenzó a trabajar a los 15 años para contribuir a la economía familiar y compaginó trabajo y estudios. Su trayectoria laboral reciente incluye 30 años como diseñadora gráfica, pero se vio obligada a jubilarse a los 61 años tras dos años en situación de desempleo.
La paradoja del sistema
A pesar de superar ampliamente el mínimo de años cotizados, a Laura se le aplicaron coeficientes reductores por no haber alcanzado la edad legal de jubilación.
Esto genera un sentimiento de injusticia, ya que considera que, en lugar de ser recompensada por sus años adicionales de contribución, es penalizada.
El colectivo de afectados denuncia una contradicción en el sistema. Una persona que haya cotizado 35 o 36 años y se jubile a la edad legal recibirá el 100% de su pensión, mientras que a personas como Laura, con trayectorias contributivas mucho mayores, se les impone una penalización permanente.
La lucha por la derogación de los factores reductores
Esta penalización es el núcleo de su lucha.
Sienten que han aportado más al sistema durante más tiempo y, como resultado, sufren una reducción económica de por vida que afecta su calidad de vida en la vejez.
Laura Allue es vocal de Asjubi, una asociación que representa a medio millón de afectados en todo el país. Su principal objetivo es solicitar al Gobierno la derogación de los factores reductores que se aplican actualmente a sus pensiones.
Acciones políticas para hacer oír su voz
La reclamación de Asjubi se ha trasladado al ámbito político, con la presentación de Proposiciones No de Ley (PNL) en varias comunidades autónomas, ocho de las cuales ya han sido aprobadas.
La iniciativa ha llegado al Senado y al Congreso de los Diputados, donde esperan ser escuchados y lograr una solución justa a su situación.
