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La Generalitat catalana no ve perjuicios en las ayudas al hermano de Ximo Puig
La Generalitat de Catalunya ha decidido no emprender acciones legales en relación con las subvenciones otorgadas a empresas audiovisuales vinculadas al hermano del expresidente valenciano Ximo Puig, a pesar de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción.
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, la abogada de la Generalitat indica que, tras el ofrecimiento de acciones, “no dispone de elementos para ejercer acciones penales ni civiles en este procedimiento”. Esta decisión se produce en un contexto en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig por un presunto delito de falsedad documental en concurso medial con estafa agravada.
Las acusaciones de la Fiscalía
La Fiscalía también solicita una pena de tres años de prisión para el empresario Juan Enrique Adell Bover por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. El Ministerio Público pedía, además, que Puig asumiera una responsabilidad civil directa y subsidiaria para indemnizar tanto a la Generalitat Valenciana (58.866 euros) como a la Generalitat de Catalunya (51.825 euros). No obstante, esta última administración ha declinado ejercer acciones civiles.
Implicaciones del caso
Este caso ha generado controversia y ha puesto en el punto de mira la gestión de las subvenciones públicas. La decisión de la Generalitat de Catalunya de no actuar legalmente plantea interrogantes sobre su postura ante las presuntas irregularidades detectadas en la concesión de ayudas a las empresas del hermano de Ximo Puig.
