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La renuncia de Ábalos y el debate sobre los aforamientos en España
La reciente e inesperada renuncia de José Luis Ábalos a su escaño como diputado ha reabierto el debate sobre los aforamientos en España, un tema de gran relevancia política, constitucional y jurídica.
El controvertido privilegio de los aforamientos
Los aforamientos, a menudo vistos como un privilegio, han sido objeto de controversia debido a su extensión en el ordenamiento jurídico español. Aunque la exigencia de un suplicatorio para procesar penalmente a un diputado o senador puede ser aceptable, la necesidad de que el Tribunal Supremo se encargue de la investigación y el enjuiciamiento es cuestionable. La legislación española, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, otorga una gran cantidad de aforamientos, algo inusual en comparación con otros países europeos. Ejemplos como el Defensor del Pueblo o los Consejeros de Estado gozando de aforamiento resultan particularmente llamativos.
El Tribunal Constitucional ha reiterado que la regulación de los aforamientos es competencia del legislador, pero aconseja su reducción por tratarse de un privilegio que debe ser otorgado de manera restrictiva.
El derecho al juez ordinario y la doble instancia
La renuncia al aforamiento impacta en el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley, un componente esencial del Estado de Derecho y reconocido en tratados internacionales. Actualmente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo es el juez competente para juzgar a los parlamentarios.
El caso de Ábalos se relaciona con un presunto enriquecimiento fraudulento aprovechándose del estado de emergencia durante la pandemia. Este tipo de comportamiento, aunque deleznable, ha tenido pocas condenas hasta el momento, a pesar de involucrar a figuras públicas.
La validez de la renuncia al aforamiento
El derecho a renunciar al fuero procesal al abandonar el cargo es indiscutible. Las motivaciones detrás de esta decisión pueden variar, incluyendo estrategias para dilatar el proceso o buscar un tribunal más favorable. Sin embargo, este derecho no puede ser negado, ya que involucra derechos fundamentales.
Si bien se asume que la competencia sigue en manos del Tribunal Supremo a pesar de la renuncia, esta afirmación se basa en un acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2014. Este acuerdo establece que la apertura del juicio oral fija la competencia del tribunal, incluso si el aforado pierde su condición posteriormente.
No obstante, este acuerdo carece de una fundamentación sólida y justificación adecuada. La cuestión surgió a raíz de un recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra una decisión del TSJ de la Comunidad Valenciana en el caso Fitur, que remitió el caso a la Audiencia Provincial tras la renuncia de dos diputadas autonómicas antes del inicio del juicio oral.
Las objeciones al aforamiento ante el Tribunal Supremo
Las críticas al aforamiento ante el Tribunal Supremo se centran en la privación del derecho a la doble instancia, es decir, a un recurso ante un tribunal superior. La Sala Segunda del Tribunal Supremo no tiene un órgano jurisdiccional superior que pueda revisar sus decisiones. Una posible solución sería ampliar las competencias de la Sala especial del artículo 61e de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite revisar algunas sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
El aforamiento ante el Tribunal Supremo contraviene el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho a la doble instancia en materia penal. A diferencia de otros países, España no planteó reservas a la aplicación de este artículo. Esto refuerza la relevancia del artículo 24 de la Constitución Española, que consagra el derecho al juez ordinario predeterminado y la aplicación directa del Pacto Internacional según el artículo 10.2 de la CE.
Además, el aforamiento genera efectos perversos e injustificables para el resto de los acusados que no gozan de esta condición. En el caso de Koldo Gracia y Víctor Aldama, si el Tribunal Supremo mantiene su competencia, podrían solicitar el amparo del Tribunal Constitucional por vulneración de su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.
La protección de los derechos fundamentales
La protección de los derechos fundamentales debe primar sobre las normas procesales que han sido criticadas por gran parte de la doctrina. El Tribunal Constitucional ha propugnado la reducción de los aforamientos y ha destacado que la restricción al máximo de los mismos es más acorde con el principio de igualdad ante la ley. La decisión final recae en los legisladores.
