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Las fundaciones de las cajas de ahorros vuelven a la política
La crisis financiera internacional de 2007 impactó fuertemente al sector inmobiliario español y al sector financiero, especialmente a las cajas de ahorros. Estas entidades, controladas por administraciones públicas y partidos políticos, actuaron en ocasiones como extensiones de sus gobiernos regionales. De las 47 cajas de ahorros que existían en España en 2007, tras un proceso de fusiones y ventas con apoyo financiero público, solo quedan seis: CaixaBank, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y las más pequeñas Caixa Pollença y Caja de Ontinyent.
El Gobierno de Mariano Rajoy, el BCE y la UE impulsaron una reestructuración del sector para permitir el acceso al capital privado, desligarse del control político y separar la obra social de la actividad financiera. En 2013, una norma obligó a las cajas de ahorros a transformarse en fundaciones, encargadas de la obra social y tenedoras de las acciones del banco al que traspasaron la actividad financiera. Desde entonces, la Fundación la Caixa y CaixaBank, así como la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco, y Kutxabank con sus tres fundaciones propietarias, operan por separado.
El objetivo de reguladores y supervisores era alejar a estas entidades del control político y homologar su gobierno corporativo con los bancos. Sin embargo, recientes movimientos hacen temer que vuelvan a convertirse en instrumento partidista.
Operaciones en el País Vasco
La operación en torno a Talgo es un ejemplo. El Gobierno vasco considera a esta compañía estratégica y formó un consorcio para comprar el 29,7% del capital del fabricante de trenes, invirtiendo 157 millones de euros. El consorcio, liderado por José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor, incluye a Finkatuz (fondo de capital del Gobierno Vasco), la Fundación Bancaria BBK y la Fundación Bancaria Vital. Tras la operación, se anunció el traslado de la sede social y fiscal de Madrid a Vitoria.
Talgo cuenta con unos 700 empleados en el País Vasco, principalmente en la fábrica de Rivabellosa (Álava).
Pocos días después, Finkatuz, Indar Kartera (Kutxabank), la Fundación BBK y Teknei compraron la división tecnológica de Ayesa, antes Ibermática, por 480 millones. Esta operación también implica el traslado de la sede social al País Vasco, desde Sevilla.
El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, se refiere a este grupo como “cuadrilla”. Existe un patrón de comportamiento donde el banco público, el Instituto Vasco de Finanzas (propietario de Finkatuz) y Kutxabank, cuyos propietarios son las fundaciones BBK, Kutxa y Vital, presididas por miembros del PNV, actúan conjuntamente.
A los 300 millones de euros de Finkatuz se suman los 500 millones de Indar Kartera, fondo creado por Kutxabank para “reforzar su posición como entidad dinamizadora del tejido económico e industrial”.
Esta unión de intereses entre el Gobierno vasco, las fundaciones de las antiguas cajas y Kutxabank puede interpretarse como compromiso con el territorio o como una politización de las cajas de ahorros. Las tres fundaciones vascas están legalmente bajo el protectorado del Gobierno vasco, a diferencia de la Fundación La Caixa, Unicaja e Ibercaja, que dependen del Ministerio de Economía. Esto se debe a que Kutxabank tiene menos del 40% de su actividad fuera del País Vasco.
La Fundación La Caixa
El patronato de la Fundación La Caixa decidió prorrogar el mandato de Isidro Fainé como presidente por cuatro años más. Fainé, de 84 años, logró su continuidad tras invertir más de mil millones en Telefónica para duplicar su participación y alcanzar el 10%, que unido al 10% de la SEPI, permiten el control de la compañía. Estas acciones fueron determinantes para relevar a José María Álvarez Pallete por Marc Murtra al frente de la operadora. Se dice que Fainé se esmera en preservar la independencia política de la Fundación La Caixa, pero no se sabe a cambio de qué.
Los políticos son insaciables.
