Las Razones Económicas Detrás de la Sanidad Pública
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La sanidad pública se encuentra en el centro de un intenso debate, especialmente en redes sociales, donde se discute si debería ser pública o privada. Lo que antes se consideraba un consenso sobre el Estado del Bienestar, hoy se cuestiona.
La Disputa Política y la Cuestión Económica Clave
La ministra de Sanidad ha anunciado una ley para impedir la privatización de hospitales en la Comunidad de Madrid, lo que ha generado una rápida respuesta y controversia por parte de la presidenta regional, quien ha manifestado su intención de recurrir a los tribunales.
Más allá de la confrontación política, subyace una cuestión económica fundamental: ¿cómo financiamos aquello que no se puede comprar y vender en los mercados?
Tres Bienes Económicos Distintos en la “Sanidad”
Cuando hablamos de “sanidad”, en realidad nos referimos a tres bienes económicos distintos:
- Salud Pública: El bienestar colectivo que se disfruta cuando la población está sana, minimizando riesgos sanitarios.
- Seguro Colectivo: La garantía de recibir el mejor tratamiento disponible en caso de enfermedad, independientemente de la capacidad económica.
- Servicios Médicos: La atención directa que se presta al paciente (consulta, operación, tratamiento).
Salud Pública: Un Bien Público No Excluible
La salud pública es un “bien público” en economía, es decir, un recurso disponible para todos una vez que está disponible para uno. Erradicar una enfermedad beneficia a toda la población, sin que se pueda cobrar individualmente por ello. Adam Smith señaló que es deber de la comunidad mantener estas instituciones públicas que, aunque ventajosas para la sociedad, no compensarían el gasto a ningún individuo.
Por ello, ningún país ha provisto la salud pública desde el ámbito privado.
Seguro Colectivo: Una Garantía Universal
El seguro colectivo garantiza que, en caso de enfermedad, se podrá acceder a un hospital y recibir tratamiento adecuado. Para ello, es necesaria una red de hospitales y servicios de urgencias disponibles en todo momento, independientemente de si hay pacientes o no. Al igual que la salud pública, este “seguro sanitario” es un bien público que los mercados no pueden proveer.
Es importante diferenciar este seguro sanitario del servicio médico específico que se recibe al enfermar, similar a la diferencia entre pagar una póliza de seguro del hogar y el servicio del técnico que arregla una avería.
Servicios Médicos: El Único Bien Potencialmente Privado
El servicio médico individual, como la consulta o el tratamiento, es el único de los tres bienes que podría funcionar como una prestación de servicios privados. De hecho, existen servicios médicos que operan al margen de los seguros sanitarios, como la salud dental.
En resumen, mientras que la salud pública y los seguros sanitarios deben ser accesibles para todos, el servicio médico individual es “excluible” y se puede cobrar directamente.
La Trampa de los Seguros Privados
Los seguros privados, tanto del hogar como de salud, solo cubren el último eslabón de la cadena, que depende de bienes públicos preexistentes. Por ejemplo, un seguro de hogar te indemniza si tu casa se incendia, pero solo puede hacerlo porque existe un entramado colectivo (arquitectos, normativas, bomberos, etc.) que reduce la probabilidad de que eso ocurra.
De manera similar, la iniciativa privada no puede hacerse cargo de un seguro sanitario universal, ya que su lógica de obtener beneficios es incompatible con la provisión de un bien público.
El Sentido Común Económico
El Ministerio de Sanidad propone que el Estado se dedique a proveer los bienes públicos, ya que está más capacitado para ello. Sin embargo, no se debe oponerse ideológicamente a la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios médicos, donde las empresas tienen mucho que aportar.
El objetivo de los Estados modernos debe ser gestionar, medir, financiar e innovar en la provisión de bienes públicos con ambición, tal como se hizo en la producción industrial del siglo XX.
La Expansión de lo Común en el Siglo XXI
El siglo XXI se define por la expansión de lo común. Cada vez más aspectos de nuestra vida dependen de bienes que no pueden fragmentarse ni resolverse con pólizas privadas: información, calidad del aire, ciberseguridad, infraestructuras digitales, investigación científica, prevención de pandemias, autonomía energética.
La pregunta clave ya no es cuánto Estado o cuánto mercado, sino cómo diseñamos, financiamos y mejoramos los bienes públicos de los que depende nuestra vida colectiva.
