Varios internos del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol han protagonizado este jueves un motín que se ha saldado con varios heridos leves, entre ellos nueve agentes de la Policía Nacional. El incidente, que según fuentes del Gobierno de Aragón está relacionado con bandas latinas, ha comenzado sobre las 12:30 horas y, tras la intervención policial, el orden ya ha sido restablecido en las instalaciones del barrio rural de Zaragoza.

El suceso ha comenzado cuando un grupo de internos ha agredido a un vigilante del centro con el objetivo de robarle las llaves y así poder abrir las habitaciones de otros menores residentes.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado el aviso y han asegurado que, a pesar de la tensión vivida, “No hay nada grave”. Las autoridades han declinado ofrecer más detalles sobre lo ocurrido al tratarse de un incidente que involucra a menores de edad.

Desde la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, responsable de la gestión del centro, han calificado el suceso de una alta “intensidad” y han confirmado su vinculación con bandas juveniles.

Siguiendo los protocolos, se ha requerido la presencia tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de los servicios sanitarios para controlar la situación.

El Ejecutivo autonómico ha aprovechado para señalar una de las claves del conflicto: en el motín han participado internos que ya son mayores de edad. La ley actual obliga a que estos jóvenes cumplan su sentencia en el mismo centro aunque hayan cumplido los 18 años, una situación que el Gobierno aragonés rechaza.

Han manifestado en varias ocasiones su disconformidad con que perfiles que ya han cumplido la mayoría de edad “continúen compartiendo espacios con menores de edad”.

El Gobierno regional se ha posicionado a favor de una reforma de la normativa que regula la responsabilidad penal de los menores. Argumentan que el incremento de la conflictividad en el perfil de muchos de estos jóvenes exige nuevas herramientas legales.

“Frente a los discursos buenistas, la realidad social ha cambiado y es necesario dotar de respuestas normativas a jueces y fiscales para actuar con eficacia ante estos menores con conductas especialmente complejas”, han añadido desde el ejecutivo.

Finalmente, han apuntado que, aunque las comunidades autónomas tienen la competencia en protección y reforma, las medidas adoptadas en Aragón, como el aumento de la inversión y el personal, “no son medidas suficientes ante situaciones de conflictividad graves como las que se están produciendo”. Por ello, concluyen con una clara petición: “Seguiremos reclamando implicación y medios de otras instituciones, así como la reforma de la ley penal del menor”.