Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
¿Multar a Elon Musk desde España? El Gobierno endurece su postura contra las grandes tecnológicas
El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de medidas para regular el entorno digital, generando controversia y debate. Una de las propuestas más destacadas es la reforma legal que busca responsabilizar penalmente a los CEO de las plataformas digitales por la difusión de contenidos ilícitos.
Responsabilidad penal para los CEO de plataformas digitales
El anuncio de esta medida ha generado diversas reacciones, incluyendo el escepticismo de la Comisión Europea y la crítica de juristas que consideran la propuesta compleja de ejecutar y potencialmente conflictiva con la normativa europea existente. El Gobierno, sin embargo, defiende que la iniciativa tiene cabida dentro de las legislaciones española y europea.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado que el Consejo de Ministros aprobará una ley orgánica que modificará el Código Penal, permitiendo que directivos de empresas como X, Instagram o Meta enfrenten procesos penales si sus plataformas no retiran contenidos ilegales, como pornografía infantil, especialmente cuando incumplan órdenes de retirada.
La Comisión Europea ha advertido que los Estados miembros no deberían “invadir” competencias de ámbito comunitario incluidas en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que ya contempla un régimen de multas.
Debate jurídico y advertencias de la Comisión Europea
El abogado Borja Adsuara, especializado en derecho informático, argumenta que un Estado miembro no puede legislar unilateralmente contra un reglamento europeo. Señala que la Comisión Europea ya debatió y descartó la responsabilidad penal personal, optando por multas administrativas de hasta el 6% de la facturación global de la plataforma, como establece la DSA.
Adsuara cuestiona que el Ejecutivo anuncie estas medidas cuando lleva dos años de retraso en la implementación del reglamento europeo, lo que podría acarrear una multa del Tribunal de Justicia de la UE.
Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, coincide en que el Gobierno se ha excedido con medidas que van más allá de la regulación comunitaria, instando a priorizar la aplicación de la normativa europea ya existente.
Defensa del Gobierno y apoyo internacional
Desde el Gobierno, rechazan las críticas y aseguran que la medida se inspira en normativas similares impulsadas por Emmanuel Macron en Francia, donde Elon Musk ya ha sido llamado a declarar. El Ejecutivo francés ha expresado su apoyo a España, destacando los “ataques al Gobierno” y el uso de las plataformas contra la legislación nacional.
El Gobierno español insiste en que la reforma del Código Penal tiene encaje en las legislaciones española y europea, así como en la jurisprudencia, y que el objetivo es proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, actuando solo contra contenidos que atenten contra la dignidad de las personas.
Riesgos y desafíos de la regulación
Expertos advierten sobre el riesgo de que los gobiernos decidan qué es información, desinformación o discurso de odio. Adsuara critica que la DSA incluya “conceptos jurídicos indeterminados” que podrían ser utilizados para censurar opiniones disidentes.
Tejerina considera difícil ejecutar la persecución penal de los CEO y alerta sobre el riesgo de que las plataformas eliminen contenidos preventivamente, no porque sean ilegales, sino para evitar posibles sanciones, otorgándoles un poder ilimitado para controlar la narrativa y el discurso.
Responsabilidad de las plataformas y el caso ‘Menéame’
Fuentes especializadas en procesos legales explican que exigir responsabilidades legales a los líderes de estas empresas es complejo, requiriendo la existencia de un contenido ilegal, una orden oficial de retirada y una negativa del empresario a cumplirla.
Un caso reciente fue el de la página web Menéame, condenada por el Tribunal Constitucional por no retirar comentarios anónimos insultantes contra un concejal. El Constitucional confirmó la condena por no borrar los comentarios tras recibir el requerimiento, lo que la normativa llama el “conocimiento efectivo”.
Según la Fiscalía, una plataforma puede ser responsable del contenido que difunde si tiene “conocimiento efectivo” y actúa “con diligencia” para retirarlo. Llevar esa responsabilidad al CEO requiere muchos cambios legales y una línea clara entre la orden de retirar un contenido y la obligación de esa persona dentro de la empresa.
Menores de 16 años en las redes sociales
Otra propuesta del Gobierno es elevar la edad de acceso de los menores a las redes sociales de 14 a 16 años, medida que ha recibido críticas. Actualmente, se encuentra en fase de tramitación parlamentaria un proyecto de ley para la protección de los menores en los entornos digitales que recoge esta posibilidad.
El objetivo es “armonizar” el umbral español con el de la mayoría de los países de la Unión Europea y con el exigido en España para “otras actividades y conductas”. El Gobierno niega que esta medida siente un precedente para rastrear la identidad de los usuarios, argumentando que responde a una lógica de protección de menores, similar a las restricciones de acceso al alcohol o a la conducción.
