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El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia, que introduce en el Código Penal la persecución del “petaqueo”, la práctica ilegal de suministrar combustible a las narcolanchas utilizadas por las redes de narcotráfico en las costas andaluzas.

Esta nueva legislación, impulsada por el Ministerio del Interior, establece penas de prisión de entre tres y cinco años para quienes incurran en esta actividad, buscando desmantelar la infraestructura logística de las organizaciones criminales que operan en el Estrecho de Gibraltar y en la costa mediterránea.

El objetivo principal de la ley es “anular la capacidad de autonomía y abastecimiento de las embarcaciones de alta velocidad que emplean las mafias del tráfico de drogas”, según fuentes ministeriales. Estas lanchas, conocidas por su potencia y maniobrabilidad, son esenciales para el transporte marítimo de grandes cargamentos de hachís y cocaína desde el norte de África hacia la península Ibérica.

Hasta ahora, el repostaje en alta mar, una práctica habitual y difícil de perseguir, se encontraba en un vacío legal que permitía la impunidad de quienes suministraban el combustible. La nueva ley tipifica como delito la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro ilícito de combustibles líquidos, siempre que estas acciones generen un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente.

Esta medida responde a una demanda histórica de jueces, fiscales y colectivos antidroga de la provincia de Cádiz, que desde hace años advertían de la necesidad de una regulación específica para frenar esta práctica. Complementa el Real Decreto-ley 16/2018, que ya había declarado las embarcaciones rápidas de alta velocidad como género prohibido, prohibiendo su tenencia y uso salvo en actividades debidamente autorizadas.

El impacto del “petaqueo” en Andalucía

Las cifras oficiales revelan la magnitud del problema.

Entre enero y octubre de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisaron 683.000 litros de gasolina en las seis provincias incluidas en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar: Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla. Gran parte de este combustible estaba destinado a alimentar las operaciones marítimas de los clanes dedicados al tráfico de drogas.

Además del impacto en la seguridad pública, el Ministerio del Interior ha subrayado las graves consecuencias medioambientales que genera el “petaqueo”. El vertido de combustible en zonas protegidas y la costumbre de arrojar garrafas vacías al mar tras los repostajes dañan ecosistemas marinos especialmente sensibles. “El combustible se dispersa rápidamente en el agua y deja una huella tóxica persistente”, explican fuentes del departamento.

También existe un riesgo para la salud y seguridad ciudadanas, ya que el almacenamiento clandestino de grandes volúmenes de gasolina en naves industriales, garajes o viviendas supone una amenaza real de explosión o incendio.

El transporte irregular por carretera sin medidas de seguridad adecuadas también incrementa la probabilidad de accidentes graves.

La aprobación de esta ley, impulsada por el grupo Junts y respaldada por PSOE, PP, Vox y PNV, llega tras un año de bloqueo parlamentario. El texto, que ahora debe ser ratificado en el Senado, representa un consenso político poco habitual en materia de seguridad.

Se espera que las nuevas penas actúen como un efecto disuasorio frente a quienes participan en la cadena logística del narcotráfico, reforzando el mensaje de que el suministro de combustible a narcolanchas dejará de ser una actividad de bajo riesgo penal para convertirse en un delito castigado con prisión efectiva.

Con esta medida, el Gobierno pretende consolidar una estrategia integral que combine persecución judicial, control marítimo y protección ambiental, en un territorio donde la frontera entre la economía legal e ilegal sigue siendo uno de los mayores desafíos del Estado.