NUEVA LEY EN ESPAÑA PARA FRENAR LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
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El Gobierno español, a través del Ministerio de Sanidad, ha dado un paso importante para reforzar la protección del Sistema Nacional de Salud (SNS) frente a la privatización. La ministra Mónica García presentó en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que busca impedir la externalización de la gestión de hospitales públicos sin justificación ni control.
“Vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, afirmó García, destacando el papel de la sociedad civil en este logro.
Fin a la “deriva” privatizadora
La ministra criticó prácticas como la priorización del ahorro económico en el tratamiento de pacientes y la captación masiva de pacientes de la sanidad pública por parte de grupos sanitarios privados. Según García, la nueva ley pone fin a la “deriva” iniciada con la ley de 1997, que permitió la entrada del lucro en la gestión pública.
La norma establece la gestión pública directa como la opción preferente, limitando la gestión indirecta a casos excepcionales donde se demuestre la incapacidad de la gestión pública. “No se va a poder recurrir por capricho, ideología o porque sea un modelo heredado”, sentenció la ministra.
Evaluación y control de la externalización
El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS exige que las comunidades autónomas que deseen externalizar la gestión de un hospital sometan el proyecto a una evaluación previa. Deberán justificar la necesidad de la privatización con un informe que será examinado por un comité de expertos y técnicos.
La externalización solo se permitirá cuando no sea posible la prestación directa, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. El informe de la comunidad autónoma deberá ser público.
Prioridad a entidades sin ánimo de lucro
La ley prioriza los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, limitando el modelo de grupos especializados en la gestión privada de hospitales públicos, como Quirón o Ribera Salud.
Otras medidas: Organizaciones de pacientes y productos sanitarios
Además de la norma sobre la privatización de la Sanidad, el Ministerio también aprobó el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes, reconociendo su singularidad jurídica y su papel clave en la defensa de los derechos e intereses de pacientes, familiares y cuidadores. El texto garantiza su participación en los órganos de gobernanza del SNS, define sus derechos y prevé instrumentos como el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes.
También se aprobó un real decreto que regula la financiación selectiva de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica. La norma actualiza los criterios para la inclusión, modificación y exclusión de productos sanitarios, estableciendo que solo se financiarán productos fabricados en serie con sello de la Unión Europea, que no puedan ser objeto de publicidad y que requieran receta médica. La administración deberá evaluar previamente los productos para que sean cubiertos por el SNS.
Según el Ministerio, la norma “desbloquea una situación existente y largamente desatendida, permitiendo la incorporación de nuevos ofertantes y productos sanitarios a la prestación farmacéutica”. Además, se obligará a las empresas a garantizar el suministro de estos productos.
