Nueva oportunidad para reformar la ley de costas y evitar la ocupación abusiva
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El Ministerio de Transición Ecológica busca, por segunda vez, modificar la legislación que permite la ocupación prolongada de la costa, tras un expediente sancionador abierto por la Comisión Europea (CE) a España en febrero de 2023. La normativa actual, heredada de una reforma de 2013 impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, permite la prórroga injustificada de concesiones demaniales hasta por 75 años, lo que contraviene la normativa europea y la propia Constitución Española, que garantiza el acceso público a la costa.
Antecedentes y controversia
La reforma de 2013 facilitó la extensión de permisos para numerosas infraestructuras costeras, como fábricas, chiringuitos y pasarelas. Un reglamento posterior, aprobado en 2022 con el objetivo de limitar estas ocupaciones privadas y reforzar la protección de la costa frente a los efectos del cambio climático, fue posteriormente anulado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2024, lo que obligó a retomar la normativa anterior.
Manuela Cuevas, de Ecologistas en Acción, denuncia la falta de transparencia en la adjudicación de permisos, ejemplificando situaciones en las que los ayuntamientos no realizan un seguimiento adecuado de las condiciones de explotación de los chiringuitos.
“Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo. La Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica”, señala María José Caballero, coordinadora del informe de costas de Greenpeace.
La prórroga de la ocupación de la papelera Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073, aprobada en 2016 por el gobierno de Rajoy, es un ejemplo de las consecuencias de esta legislación. A pesar de los fallos iniciales en contra, el Tribunal Supremo finalmente avaló la prórroga. Como señala el Ministerio, una vez que la costa está ocupada, es muy difícil liberarla.
Los objetivos de la reforma
El Ministerio de Transición Ecológica está trabajando en la modificación del reglamento para adecuarlo a la normativa europea y evitar una posible condena. La reforma se centrará en la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
Medidas que se perdieron con la anulación del reglamento
La anulación del reglamento por parte del Tribunal Supremo no solo afectó a las normas sobre la ocupación legal de la costa, sino que también supuso la pérdida de disposiciones que ampliaban la superficie protegida e incorporaban nuevos elementos al dominio público marítimo-terrestre. Entre ellas, se incluía la protección de las dunas y la definición de la línea de playa en función del nivel máximo alcanzado por las olas.
Además, se prohibía la construcción de carreteras paralelas a la costa y la circulación o aparcamiento en la zona de dominio público. La normativa también exigía tener en cuenta el contexto de crisis climática en cualquier concesión de ocupación del litoral.
La presión sobre el litoral y la necesidad de regular los usos
Marta García Pallarés, portavoz de una coalición estatal de organizaciones ambientales, subraya la necesidad de regular la intensificación de la presión sobre las costas y la competencia entre los distintos usos de este espacio, especialmente en lo que respecta a las aguas costeras. La plataforma propone ampliar la limitación de velocidad de embarcaciones como motos acuáticas, prohibir la navegación paralela a la costa en zonas de baño no balizadas y regular el fondeo para evitar la masificación flotante.
La utilización intensiva del litoral afecta tanto a la seguridad de las personas como a la conservación de especies y ecosistemas marinos clave, concluye García Pallarés.
