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Nuevas Medidas del Gobierno para Proteger a Familias Vulnerables
El Gobierno español ha aprobado un nuevo Real Decreto-Ley con el objetivo de proteger a las familias vulnerables, tras el rechazo previo a un decreto ómnibus que incluía esta protección. Este nuevo paquete de medidas, conocido como ‘escudo social’, busca mitigar los efectos económicos y sociales adversos, especialmente para aquellos en riesgo de desahucio.
Modificación en la Moratoria Antidesahucios
Una de las modificaciones clave es la relacionada con la moratoria antidesahucios. El Gobierno, en negociaciones con el PNV, ha introducido cambios para excluir de esta protección a los inquilinos de viviendas cuyos propietarios posean una o dos propiedades en alquiler. Según fuentes gubernamentales, esta modificación busca facilitar un acuerdo con Junts, partido que había mostrado reticencias ante la anterior propuesta.
El argumento principal del Gobierno es proteger a los inquilinos vulnerables de los fondos buitre y grandes tenedores de vivienda, asegurando que los propietarios con una o dos propiedades no se vean afectados negativamente. En estos casos, se espera que los servicios sociales competentes sean los encargados de buscar alternativas habitacionales de emergencia.
Se subraya que los servicios sociales, competencia de las comunidades autónomas y corporaciones locales, ya tienen la obligación de garantizar una alternativa para las familias vulnerables, independientemente del tamaño del propietario.
Reacciones a la Modificación
La modificación ha generado diversas reacciones. Mientras el Gobierno defiende que busca un equilibrio y no deja a nadie atrás, partidos como Podemos han criticado la medida, argumentando que deja desprotegidos a inquilinos vulnerables.
Fuentes gubernamentales insisten en que el Gobierno está acostumbrado a buscar acuerdos entre posturas aparentemente irreconciliables y que su objetivo es proteger a pensionistas, migrantes y aquellos que, por diversas circunstancias, no pueden pagar el alquiler.
Otras Medidas del ‘Escudo Social’
El nuevo ‘escudo social’ mantiene otras medidas importantes, como la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 de la prohibición del corte de suministros básicos (energía y agua) y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. También se incluye la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.
Exenciones Fiscales y Ayudas Directas
Se conserva la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales a los afectados por los incendios forestales del pasado verano y otras emergencias de protección civil. Además, se mantiene la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para paliar los efectos de la Dana, así como la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.
Beneficios Fiscales y Prohibición de Despidos
El decreto también prorroga hasta 2026 algunas ayudas fiscales vinculadas a la inversión en eficiencia energética en viviendas, la compra de vehículos eléctricos o la instalación de cargadores en el hogar. Asimismo, se mantiene la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despido.
Actualización de Entregas a Cuenta
Finalmente, se actualizan las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales para 2026, mediante suplementos de créditos por valor de más de 3.000 y 3.600 millones, respectivamente.
