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Nuevas multas por la luz V16 conectada generan controversia en España
La implementación de la luz V16 conectada como sustituto de los triángulos de emergencia en España ha comenzado con controversia, tras la emisión de las primeras multas a conductores que no portan el nuevo dispositivo.
Esta situación ha sorprendido al sector, especialmente después de que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara públicamente en enero un “periodo razonable” de adaptación al nuevo sistema, que se esperaba fuera informativo y sin sanciones económicas inmediatas.
Sanciones de 80 euros contradicen el anuncio ministerial
La consultora jurídica Pyramid Consulting ha denunciado la imposición de multas de 80 euros, lo que contradice directamente el anuncio del Ministerio del Interior. Según la consultora, la primera multa confirmada fue emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia.
La sanción se basa en una supuesta infracción del artículo 10.3 de la Ley de Tráfico y del artículo 18.1 del Reglamento General de Vehículos, que regulan los elementos de señalización obligatorios.
Expertos legales señalan una posible desconexión entre el discurso político y la ejecución administrativa de la DGT, dado que la multa se tramitó después del anuncio del ministro.
Posible vulneración del principio de confianza legítima
Pyramid Consulting considera que estas sanciones podrían ser nulas de pleno derecho, ya que vulneran el principio de confianza legítima, que rige la relación entre la Administración y los ciudadanos. La consultora argumenta que la Administración debe actuar con previsibilidad y transparencia, y que el anuncio de un periodo de gracia seguido de sanciones rompe la buena fe.
Para respaldar esta tesis, se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 9 de febrero de 2004), que protege al ciudadano cuando su confianza se basa en “signos o hechos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes”.
La consultora ha anunciado que recurrirá las sanciones impuestas y recomienda a los conductores multados que no paguen la multa de inmediato y busquen asesoramiento legal.
Inseguridad jurídica y falta de transparencia
“La Administración no está actuando con la seguridad jurídica y transparencia que exigen los artículos 9 y 103 de la Constitución Española”, afirma la firma. El sector espera una aclaración oficial de la Dirección General de Tráfico para determinar si estas multas son errores aislados o si el “periodo de gracia” ha finalizado antes de lo previsto.
