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Nuevas Revelaciones sobre el Hospital del Vinalopó: Ribera Salud Intentó Evitar Millonarios Pagos a la Generalitat
La gestión del hospital del Vinalopó, en Elche, ha sido objeto de controversia entre la empresa Ribera Salud y la Generalitat Valenciana. Recientemente, se han revelado detalles sobre un intento de la compañía por evitar el pago de millonarias liquidaciones correspondientes a periodos anteriores a 2019, alegando que estas habían prescrito.
El Conflicto por las Liquidaciones
Según documentos recabados, en una reunión de la comisión mixta celebrada el 27 de noviembre de 2024, el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, manifestó que las liquidaciones de los años 2013 a 2019 estaban “prescritas”. Estas liquidaciones implicaban pagos significativos que la empresa debía realizar a la Generalitat Valenciana.
Ante esta postura, el Director General de Gestión Económica de la Conselleria de Sanidad, Pedro M. López, respondió que la Conselleria no consideraba que las liquidaciones hubieran prescrito, asegurando que se enviaría la apertura del trámite de audiencia. A pesar de la insistencia de Ribera Salud en la caducidad de las facturaciones, la Conselleria mantuvo su posición.
Condicionamiento de la Prórroga y Pago Final
Finalmente, la Conselleria de Sanidad incluyó como condición para prorrogar hasta 2030 la concesión del hospital del Vinalopó que la empresa se pusiera al corriente en las liquidaciones de sus concesiones. Como resultado, Ribera Salud abonó un total de 58 millones de euros correspondientes a los periodos comprendidos entre 2010 y 2022, abarcando no solo el Vinalopó, sino también las concesiones de Alzira, Torrevieja y Dénia.
Fuentes de Sanidad confirmaron que en esos 58 millones se contabilizaron las liquidaciones que Gallart daba por prescritas, argumentando que el contrato de concesión estaba en vigor y, por lo tanto, sus efectos económicos también. Ribera Salud también confirmó que se aprobaron las liquidaciones y se realizó el pago.
Cuestionamientos Posteriores y Posible Enriquecimiento Injusto
A pesar del pago realizado, el conflicto no ha finalizado. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha cuestionado las liquidaciones a partir del año 2020, argumentando que el precio de la cápita (el pago por persona susceptible de ser atendida) está sobrevalorado desde ese ejercicio debido al gasto extraordinario ocasionado por la pandemia. Según el CJC, una vez normalizada la situación sanitaria, no se descontó este gasto de la ecuación, consolidándose así en los años sucesivos.
La Sindicatura de Comptes también ha señalado que Sanidad hizo efectiva la prórroga sin corregir este desfase en el precio de la cápita, a pesar de que un informe de la Viceintervención General para la Administración Sanitaria (VGAS) había advertido sobre esta situación. Incluso la cápita se actualizó al alza, quedando fijada en 1.066,44 euros por persona.
La Sindicatura advierte sobre un “posible enriquecimiento injusto a favor del contratista”, dado que las liquidaciones son favorables a la concesionaria a partir de 2020 debido al incremento excepcional de los indicadores que sirven de base para el cálculo de la cápita.
