Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
Nuevas Tensiones en Navarra por el Blindaje de Profesores de Religión
La política navarra se ve sacudida nuevamente por la cuestión de la religión en las aulas. La protección de los profesores de religión en la red pública, designados por el obispo, ha generado una división entre los socios del Gobierno de Navarra, liderado por la socialista María Chivite.
Discrepancias en el Gobierno Navarro
Mientras el PSN y Contigo/Zurekin abogan por derogar la ley que garantiza el puesto de trabajo de estos profesores, incluso con una carga lectiva reducida a una hora semanal y sin la posibilidad de impartir otras materias, Geroa Bai se muestra reticente. Geroa Bai alega falta de información por parte del Departamento de Educación sobre los docentes afectados, los criterios de despido y el costo de las indemnizaciones.
Según datos del Departamento de Educación, de los 111 profesores de religión en la red pública navarra, solo 68 están impartiendo la materia, lo que representa un gasto anual de aproximadamente dos millones de euros.
Geroa Bai Muestra Reservas
Fuentes de Geroa Bai indican que aún no han decidido si apoyarán la derogación de la ley, mostrando su descontento por lo que consideran un incumplimiento del acuerdo programático firmado en 2023. En dicho acuerdo se contemplaba la revisión y, en su caso, la derogación de la ley, y Geroa Bai critica que PSN y Contigo/Zurekin hayan presentado directamente una propuesta de derogación sin antes revisarla.
Antecedentes y Criterios de Selección
Esta situación ya provocó una crisis en la legislatura anterior, cuando Geroa Bai unió sus votos a los de Navarra Suma para mantener el puesto de trabajo de los profesores de religión tras la reducción de horas lectivas. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron entonces que su socio se aliara con la derecha para aprobar una ley que, a su juicio, vulneraba los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública.
Estos docentes son seleccionados por el Arzobispado y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día en virtud del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Este acuerdo establecía que la asignatura sería impartida por personas designadas por la autoridad académica entre aquellas propuestas por el Ordinario Diocesano.
En 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido. El Arzobispado exige a los candidatos, además de la titulación académica requerida y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizados en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento emitido por el obispo que valora la “recta doctrina y testimonio de vida cristiana”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por el Departamento de Educación.
