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Nuevo reglamento de vivienda protegida en Madrid genera incertidumbre y afectados
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Un nuevo proyecto de decreto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha generado incertidumbre y preocupación entre cientos de personas que aspiran a acceder a una vivienda protegida. El borrador del nuevo Reglamento de Vivienda Protegida establece que para acceder a este tipo de viviendas será necesario acreditar un empadronamiento de al menos 10 años en la región.
La medida afectaría tanto a la Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) como a la Vivienda Pública de Precio Limitado (VPPL), incluso a aquellas de titularidad privada donde la administración autonómica solo limita el precio máximo. Hasta ahora, no existía ningún requisito de empadronamiento para estas viviendas, mientras que para la Vivienda de Protección Oficial (VPO) era de cinco años.
Afectados que ya han invertido
La situación más dramática se presenta para aquellas personas que ya han adquirido VPPB o VPPL a través de cooperativas gestionadas por promotoras privadas. Estos compradores han depositado importantes sumas de dinero para la compra y edificación de los terrenos. Si la nueva legislación entra en vigor, quienes no cumplan con los nuevos requisitos y no hayan alcanzado el trámite de calificación provisional podrían perder la oportunidad de adquirir su vivienda y tendrían que esperar a la entrada de nuevos cooperativistas para recuperar lo invertido.
Adrián, uno de los afectados, señala que este proceso “puede durar hasta cinco años”. A sus 31 años, Adrián comparte piso y veía en una VPPB la posibilidad de comprar una vivienda con su pareja. El precio, aunque elevado (350.000 euros), es más asequible que el de la vivienda libre en la zona (500.000 euros). Para la reserva, debe depositar 100.000 euros antes de la calificación provisional, de los cuales ya ha aportado una parte.
Originario de Segovia, Adrián reside en Madrid desde hace 12 años, pero no se empadronó hasta 2019, cuando encontró un trabajo fijo. Estima que cuando concluya el proceso de adjudicación, alrededor de 2028, le faltarán “unos pocos meses” para cumplir con el requisito de los 10 años de empadronamiento. “Es un golpe emocional. Ya hemos llegado a ver los planos de la que creíamos que iba a ser nuestra casa”, lamenta.
Según Adrián, solo en el chat de Telegram que agrupa a los afectados de Los Berrocales, El Cañaveral y Los Cerros, hay 350 personas en su situación. “Tiene que haber muchísimas más”, advierte.
La Comunidad de Madrid matiza la medida
Ante la preocupación generada, la Consejería de Vivienda ha comunicado que “no se exigirá el requisito de empadronamiento a las personas que, a su entrada en vigor, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o hayan entregado cantidades a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco a quienes formen parte de cooperativas de vivienda que ya hubieran desembolsado cantidades para la compra de suelo o de la propia vivienda”.
A pesar de estas matizaciones, los afectados se han organizado y han contactado con grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, han presentado escritos al Defensor del Pueblo y han iniciado una recogida de firmas en Change.org. Incluso, informes internos de la administración autonómica muestran dudas sobre la exigencia de 10 años de empadronamiento, considerándola “excesiva”.
Adrián solicita “que se quite el requisito o que haya al menos un período de transición para quienes estamos en cooperativas” o, como mínimo, “que bajen los años que solicitan”.
“Que nos cambien las reglas a la mitad es tremendo”
Elena, otra de las afectadas, tenía pensado mudarse con su hijo adolescente a Los Cerros, el desarrollo urbano más alejado de Madrid. Llegó a Madrid hace seis años desde Salamanca por motivos laborales y tuvo que vender su casa “a un precio irrisorio comparado con los que hay aquí”. “Vivimos de alquiler y necesito ya una casa. Esta VPPL me cuesta 380.000 euros a través de una cooperativa y es lo único a lo que puedo acceder, no sin sacrificios”, explica.
“Que nos cambien las reglas a mitad es tremendo”, protesta Elena. “Tenemos ahí un dinero retenido con la incertidumbre de si el proceso sigue adelante y sin poder mirar otras cosas porque sin esa cantidad no nos llega para comprar nada”, añade. “Te cambia todos tus planes de futuro. Ahora lo único que nos queda es irnos a un pueblo lejano, porque con esta medida no vamos a poder permitirnos nada cerca, pero mi hijo tiene su vida hecha ya en Madrid”.
Elena considera que esta medida “obliga a irnos porque querrán que Madrid sea de los madrileños, cuando lo bueno de esta ciudad es que acoge a todo el mundo”.
La Consejería de Vivienda ha asegurado que la redacción del texto se someterá a información pública y continúa en elaboración, adaptándose a los distintos informes internos recibidos. También queda pendiente el trámite de audiencia, que permitirá a cualquier persona formular alegaciones y trasladar sus propuestas.
Los afectados exigen que se elimine el nuevo requisito de empadronamiento o, al menos, que no se aplique a las adjudicaciones que ya están en marcha.
